La recuperación necesita mucho más que atención clínica.
En Chile hablamos cada vez más de salud mental. Está presente en los medios de comunicación, las instituciones educativas y las conversaciones familiares. Sin embargo, una mayor conciencia sobre su importancia no significa que estemos respondiendo adecuadamente a las necesidades de quienes requieren atención.
Hemos avanzado en reconocer la salud mental como una preocupación pública, pero todavía estamos lejos de garantizar una atención oportuna, continua y accesible.
El problema no se limita a la falta de profesionales o infraestructura. También tiene que ver con la manera en que respondemos como sociedad: muchas veces esperamos a que el sufrimiento se transforme en una crisis para recién buscar soluciones. Esto ocurre cuando una familia ya no encuentra herramientas para acompañar a uno de sus integrantes, cuando un estudiante abandona sus estudios o cuando el consumo problemático comienza a deteriorar la vida de una persona.
Pero ¿qué estamos haciendo antes de llegar a ese punto?
La prevención sigue siendo una de las grandes tareas pendientes de nuestra política sanitaria y social.
No basta con disponer de centros de atención si las personas deben enfrentar largas listas de espera, dificultades administrativas o barreras económicas para recibir ayuda. La atención debe llegar a tiempo, no cuando la situación se vuelve insostenible.
En el ámbito de las adicciones, esta discusión adquiere especial relevancia. El consumo problemático no puede abordarse exclusivamente desde la abstinencia, la sanción o una respuesta clínica aislada. Requiere comprender las historias personales, los contextos familiares y las oportunidades reales de integración.
Tampoco podemos entender la salud mental como un asunto exclusivamente individual. La precariedad económica, las condiciones laborales, la violencia, el aislamiento y las desigualdades territoriales también influyen en el bienestar de las personas. Ignorar estos factores significa dejar fuera una parte fundamental del problema.
En el caso del consumo problemático, esta mirada es aún más necesaria. La precariedad, la violencia, el aislamiento y la falta de oportunidades no solo se asocian con el deterioro: muchas veces contribuyen a producirlo y a dificultar la recuperación.
Desde esta perspectiva, la salud mental no es solamente un asunto clínico. También es una responsabilidad social y colectiva.
Las cifras revelan la magnitud del desafío. En octubre de 2026, la académica Olga Toro Devia, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, advirtió que la cobertura de atención en salud mental alcanzaría aproximadamente al 30% de la demanda estimada.
Existen avances que deben reconocerse. Según la Cuenta Pública Sectorial 2026 del Ministerio de Salud, las prestaciones de salud mental aumentaron de 3,2 millones en 2021 a 6,2 millones en 2025. Asimismo, el gasto en esta área alcanzó el 4,7% del gasto sanitario.
Sin embargo, estos avances también nos obligan a preguntar: si hemos aumentado las prestaciones, ¿por qué seguimos enfrentando una cobertura tan limitada? No se trata de desconocer los esfuerzos realizados, sino de cuestionar una respuesta que todavía concentra buena parte de su atención cuando el malestar ya se ha convertido en crisis. Aumentar las prestaciones es necesario, pero también debemos garantizar acceso oportuno y continuidad en los procesos de atención.
En este contexto, el pasado 4 de noviembre la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Resolución N.º 86, que solicita al Presidente de la República formular e implementar un plan nacional intersectorial e integral de salud mental y bienestar, con especial atención a las comunidades educativas. La iniciativa, aprobada con 132 votos a favor, uno en contra y una abstención, constituye una señal política relevante.
Su valor dependerá de que se traduzca en financiamiento estable, metas verificables y coordinación efectiva entre los sectores involucrados.
El país requiere fortalecer la atención primaria, los equipos comunitarios, los COSAM y la red de salud mental comunitaria. También debe mejorar la articulación entre salud, educación y protección social. La prevención no puede depender de la voluntad de una administración ni de la duración de un financiamiento.
Pensemos en alguien que termina un tratamiento por consumo problemático y regresa a un entorno marcado por la falta de oportunidades laborales, la violencia, la precariedad habitacional o la ausencia de redes de apoyo. ¿Podemos hablar de una recuperación sostenible si esas condiciones siguen presentes y falta el acompañamiento necesario para reconstruir un proyecto de vida?
La recuperación no ocurre exclusivamente dentro de una consulta o de un centro de tratamiento.
También necesita oportunidades de integración, acompañamiento familiar, acceso al trabajo y condiciones de vida dignas. Detrás de cada situación de consumo hay una persona, una historia y una realidad que debe ser comprendida. Por eso, tratar no basta: también hay que acompañar.
Chile necesita avanzar hacia un modelo que priorice el cuidado, la prevención y la continuidad de los procesos de atención, especialmente en el ámbito de las adicciones, donde la recuperación requiere mucho más que una intervención clínica. Esto exige voluntad política, inversión y coordinación institucional, pero también una comprensión más profunda de nuestra responsabilidad frente al sufrimiento de los demás.
Porque una sociedad no demuestra cuánto le importa la salud mental solamente cuando responde frente a una tragedia. Lo demuestra cuando es capaz de llegar antes, acompañar durante el proceso y no abandonar a las personas cuando la urgencia deja de ocupar los titulares.
La salud mental no puede seguir siendo una política de emergencia. Debe convertirse en una política permanente de cuidado y responsabilidad social.
