El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), junto a representantes de vecinos afectados, llamó este martes a parlamentarios de distintos sectores a respaldar la solicitud para constituir una Comisión Especial Investigadora sobre ENAP, impulsada junto al diputado Jaime Mulet (FREVS), con el objetivo de esclarecer eventuales responsabilidades administrativas y políticas tras las irregularidades detectadas en los reportes ambientales de la Refinería Aconcagua, en Concón. A la iniciativa se sumaron los diputados Nelson Venegas (Partido Socialista) y Sergio Bobadilla (UDI).
La solicitud se produce luego de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formulara cuatro cargos contra ENAP Refinerías, dos de ellos clasificados como gravísimos, relacionados con información falsa o incompleta sobre la eficiencia de recuperación de azufre y las emisiones de dióxido de azufre. La autoridad recalculó eficiencias de 94,1% en 2023, 90,5% en 2024 y 90,2% en 2025, por debajo del mínimo de 98% exigido.
Teao recordó que ha realizado fiscalizaciones sobre la empresa desde 2022 y sostuvo que la nueva instancia debe permitir “esclarecer, primero, una presunta adulteración de las cifras. Algo muy simple: la norma dice que hay que cumplir el 98% de las emisiones y se llegó al 90%. Queremos saber si se manipularon las cifras o no”.
“Estamos hablando de certificados y también de mediciones que pudieron haber sido manipuladas. Queremos saber quiénes son los responsables administrativos y también los responsables políticos de esta situación. Queremos también esclarecer si existen problemas en el control interno de la empresa ENAP con respecto a estas mediciones”, agregó.
El parlamentario planteó además que la investigación debe determinar “si hay un motivo perverso detrás de esto. ¿Hay motivos económicos para esconder datos, para no entregar la información concreta? Porque dentro de eso hemos visto bonos millonarios que se les han pagado a ejecutivos”.
“Vamos a realizar nuestra labor fiscalizadora hasta las últimas consecuencias, para darles respuestas a los vecinos y vecinas de Quintero, Puchuncaví y Concón. Queremos que la empresa responda y esperamos que sea de manera transparente, de manera proba y, obviamente, con toda la información sobre la mesa en esta Comisión Especial Investigadora”, añadió.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) manifestó que “es un hecho extremadamente grave que debe investigarse, ya que se ha puesto en riesgo la salud de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, especialmente de los enfermos crónicos”.
El diputado regionalista sostuvo que el caso reviste especial gravedad por tratarse de una empresa estatal, y señaló que “el Estado tiene que dar el ejemplo y, si una de sus empresas no cumple y transgrede las normas ambientales, creemos que este Congreso debe investigarlo a fondo”, señaló
En tanto, el diputado Nelson Venegas (PS), representante de Quintero y Puchuncaví, respaldó la creación de la instancia y sostuvo que los problemas ambientales del territorio se arrastran por distintas administraciones.
“Se han realizado cuatro comisiones investigadoras. La última me tocó presidirla, donde llegamos a ciertas observaciones y ninguna se ha cumplido. Se nombró en el Gobierno anterior un delegado ambiental que no cumplió el objetivo y al delegado actual ni siquiera lo conocemos. Esto cruza el ambiente, la coyuntura política o el Gobierno de turno”, afirmó.
Venegas agregó que la situación debe abordarse también desde la perspectiva sanitaria y recordó la demanda histórica por un hospital bicomunal para Quintero y Puchuncaví.
“Quien paga los costos no es una zona geográfica, es la gente que se está muriendo, que se está enfermando. Y esto tiene que ser tratado con las características, la fortaleza y la rigurosidad de aquello de lo que estamos hablando”, sostuvo.
Mientras que el diputado Sergio Bobadilla (UDI) también respaldó la creación de la Comisión Investigadora y pidió ampliar la revisión a los efectos denunciados en la comuna de Hualpén, Región del Biobío.
“Se debe y se tiene que constituir esta comisión investigadora, porque creemos que es la herramienta que el Estado de derecho nos entrega para investigar y que quienes son responsables de la dramática situación que están viviendo estos vecinos asuman esa responsabilidad. No sólo es Concón, no sólo es Puchuncaví, sino que también es la comuna de Hualpén que se ha visto seriamente dañada respecto de la salud de sus habitantes”, indicó.
Asimismo, el abogado Remberto Valdés, representante de 1.034 personas que denuncian afectaciones por contaminación, sostuvo que la comisión debe revisar tanto las irregularidades recientemente conocidas como antecedentes acumulados durante años.
Valdés planteó además que la instancia debe revisar “por qué todas las víctimas de la contaminación que existen, no solamente en Quintero, Puchuncaví y Concón, sino que también en la zona de Hualpén, no han recibido las legítimas indemnizaciones y reparaciones por parte de esta empresa de bien común”.
Finalmente, Verónica Medina Torres, monitora y activista medioambiental, sostuvo que las comunidades llevan años exigiendo respuestas frente a los episodios de contaminación y sus posibles efectos sanitarios.
“Estamos pidiendo justicia. Ya basta de que siga muriendo gente en nuestra comuna, mal llamada zona de sacrificio, porque es inentendible sacrificar seres humanos para que se puedan enriquecer otros”, señaló.
Medina planteó que la investigación debe permitir conocer qué relación existe entre la contaminación y los distintos problemas de salud que las comunidades han denunciado durante años.
“Han pasado muchos años, muchos años de esta lucha que ha sido incansable, que ha sido agotadora, pero aquí estamos, la gente que realmente creemos en un futuro mejor para nuestras comunas”, concluyó.
