Ninguna discrepancia política justifica desconocer la voluntad ciudadana.
La democracia no termina cuando se cuentan los votos. Comienza, precisamente, cuando quienes pierden una elección deben aceptar sus resultados y quienes ganan comprenden que gobernar exige escuchar incluso a quienes no los respaldaron. Por eso, el derecho a manifestarse es irrenunciable, pero también lo es el respeto a las reglas que permiten la convivencia democrática. La calle puede expresar demandas, incomodidades y desacuerdos; no puede convertirse en un mecanismo para sustituir la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Las movilizaciones convocadas durante noviembre por el denominado Frente Común, una articulación de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales como la CUT, la Confech y agrupaciones de pobladores, plantean cuestionamientos al Presupuesto 2027, al financiamiento de la educación y a las condiciones del empleo público. Son materias legítimas de discusión política. Del mismo modo, las protestas de camioneros por el incremento de los combustibles responden a una preocupación concreta de un sector cuya actividad incide directamente en el abastecimiento, los costos logísticos y el funcionamiento de la economía.
Sin embargo, es importante no confundir ambas expresiones de descontento ni atribuirles una conducción común sin antecedentes que lo demuestren. El problema aparece cuando determinados sectores políticos intentan apropiarse del malestar social, convertir cada dificultad en una oportunidad de confrontación y presentar cualquier decisión gubernamental como evidencia de una ilegitimidad que no se desprende necesariamente de los hechos.
El precio de los combustibles es un ejemplo. Chile depende de los mercados internacionales y está expuesto a las tensiones geopolíticas, a los conflictos en Medio Oriente y a las alteraciones en las rutas de suministro energético. La guerra y la incertidumbre sobre el petróleo tienen efectos que ningún gobierno chileno puede controlar por completo. Pero reconocer ese contexto no significa eximir al Ejecutivo de responsabilidad: las decisiones sobre el diseño, la aplicación y los límites del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), así como las medidas complementarias para amortiguar el impacto en transportistas y consumidores, son decisiones de política pública que deben explicarse, evaluarse y, cuando corresponda, corregirse.
La ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas, transparencia y medidas que amortigüen el impacto económico. Lo que no corresponde es reducir un fenómeno internacional complejo a una consigna partidista ni utilizar la preocupación de trabajadores y familias como instrumento de disputa política.
Reflexión Política
Chile conoce bien las tensiones de su propia historia económica. Las transformaciones de las últimas cuatro décadas no pueden atribuirse exclusivamente a un sector. Las reformas de mercado, la apertura económica, la continuidad y modificación de políticas durante los gobiernos de la Concertación y las decisiones posteriores de administraciones de distinto signo político forman parte de un proceso con avances, costos y contradicciones. Se redujo la pobreza y mejoraron numerosos indicadores sociales, pero persisten desigualdades, concentración económica, precariedad laboral y brechas territoriales. La discusión seria exige reconocer ambas dimensiones.
Tampoco es razonable presentar al Estado como solución automática a todos los problemas. Un Estado activo puede ser necesario para garantizar derechos y corregir desigualdades, pero su poder debe tener límites, controles y respeto por la autonomía de las personas y las organizaciones sociales.
La libertad individual y la iniciativa de la sociedad civil no son obstáculos para la justicia social: también son parte de una democracia saludable.
En ese debate preocupa el uso indiscriminado de etiquetas como “fascista” para desacreditar a quienes sostienen posiciones conservadoras, liberales o simplemente distintas. El fascismo histórico no fue sinónimo de cualquier postura de derecha: implicó autoritarismo, supresión del pluralismo y subordinación de las libertades a un proyecto totalitario. Utilizar el concepto como insulto banaliza su significado y dificulta discutir con rigor las diferencias políticas.
Las universidades y las organizaciones estudiantiles tampoco están al margen de esta responsabilidad. Los estudiantes tienen pleno derecho a organizarse, protestar y defender sus convicciones. Pero también deben poder disentir, no participar o cuestionar a sus propias dirigencias sin ser tratados como adversarios. La educación superior debe formar pensamiento crítico, no exigir adhesiones ideológicas.
La coherencia democrática debe ser transversal. Quienes invocan los derechos humanos, el feminismo, la justicia social o la defensa de los trabajadores deben sostener esos principios incluso cuando las contradicciones afectan a sus propios referentes. Del mismo modo, la derecha no puede exigir responsabilidad a sus adversarios y renunciar a ella cuando las críticas recaen sobre sus propias filas. La transparencia patrimonial de los partidos y la consistencia entre discurso y práctica deben exigirse a todos, sin excepciones.
Ningún gobierno está por encima de la crítica. El actual Ejecutivo debe responder por sus decisiones, explicar sus prioridades y corregir aquello que perjudique a la ciudadanía. Pero una cosa es fiscalizar al poder y otra muy distinta es desconocer la legitimidad de origen de un gobierno elegido democráticamente.
La movilización social es una herramienta legítima de participación; no es una autorización para sustituir las urnas ni para imponer por presión lo que no se obtuvo mediante los procedimientos democráticos. Una democracia madura exige ciudadanos capaces de protestar, gobiernos dispuestos a escuchar y una oposición que entienda que la alternancia no es una anomalía, sino la condición misma de la vida republicana
