El Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Fernando Rabat, entregó este miércoles a la Comisión de Constitución del Senado 308 decretos de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, correspondientes al período comprendido entre 2022 y 2026. Sin embargo, los documentos fueron remitidos bajo carácter reservado, lo que provocó nuevos cuestionamientos de parlamentarios opositores, quienes acusaron a la cartera encabezada por Fernando Rabat de no responder completamente los antecedentes solicitados.
Según informa el sitio de noticias Aquí y Ahora, la entrega se realizó durante la sesión de la comisión presidida por el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal), en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca excluir a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad del mecanismo de reducción de penas.
Los antecedentes entregados por Justicia detallan 46 decretos firmados en 2022, 54 en 2023, 66 en 2024, 76 en 2025 y 66 durante 2026. Del total, 291 corresponden a rebajas otorgadas mediante procedimientos vinculados a resoluciones judiciales, equivalentes al 95%, mientras que 17 fueron tramitadas administrativamente, representando el 5% restante.
El secretario de la comisión, Ignacio Vásquez, explicó que los antecedentes fueron remitidos mediante un oficio reservado, por lo que no pueden hacerse públicos ni reproducirse y deberán permanecer bajo custodia de la secretaría.
La decisión generó cuestionamientos de senadores que consideraron insuficiente la información entregada, especialmente porque el requerimiento también incluía antecedentes sobre condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos vinculados al narcotráfico.
La senadora Paulina Vodanovic (Partido Socialista) cuestionó la demora del ministerio y acusó que “lo que veo es un ánimo deliberado de no entregar información para efectos de que se conozcan los verdaderos motivos que tuvo el ministro de Justicia para entregarle beneficios a violadores sexuales”.
Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas) solicitó precisar en cuántos de los 56 casos que han generado controversia existieron recursos de amparo antes de la dictación de los decretos y en cuáles se consideraron los informes psicosociales de Gendarmería.
En respuesta, el ministro Fernando Rabat defendió la confidencialidad de los antecedentes, argumentando que contienen información sensible cuya divulgación podría afectar a las víctimas.
“Acá lo que importa es la víctima. Y por eso hemos cumplido con la normativa y hemos entregado la información en carácter de reservado para que los senadores la conozcan en tal carácter”, afirmó.
Finalmente, Rabat sostuvo que se trata de una primera entrega y aseguró que el ministerio responderá las más de 50 solicitudes de información recibidas desde el Parlamento, incluyendo requerimientos sobre otros delitos.
