La deuda se arrastra desde enero de este año y afecta a trabajadores de cinco residencias de administración directa del servicio en la Región de Valparaíso. El problema que afecta a todo el país se originó por errores en la aplicación de la Resolución 658 y mantiene retenida una parte importante de sus remuneraciones. No se descartan movilizaciones ante la falta de respuestas concretas de las autoridades.
Una grave situación laboral afecta a cerca de 100 funcionarios del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la Región de Valparaíso, quienes desde enero de este año mantienen pendiente el pago de una parte importante de sus remuneraciones correspondientes a los turnos nocturnos que efectivamente han realizado en cinco residencias de administración directa del servicio.
El problema se arrastra por una serie de errores administrativos en la aplicación de la Resolución 658, normativa que regula estas asignaciones y cuya implementación habría presentado graves deficiencias en los cálculos de la jornada nocturna. La situación obligó a solicitar modificaciones al decreto, trámite que hasta ahora no se concreta y que mantiene a los trabajadores esperando el pago de recursos que forman parte de sus remuneraciones.
Según los antecedentes entregados por ANTRAP, recién en octubre comenzó a concretarse el pago parcial de esta deuda, pero únicamente para un grupo reducido de funcionarios, mientras la mayoría continúa sin recibir los montos adeudados desde comienzos de año.
“Exigimos firmemente al seremi y a las autoridades de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso que realicen gestiones urgentes ante el nivel central para agilizar la modificación de este decreto y asegurar una fecha cierta y definitiva para el pago total de nuestros sueldos adeudados. Los trabajadores del Servicio de Protección cumplimos una labor esencial para los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia y de todo Chile. No toleraremos la ineficiencia administrativa ni que esta situación siga afectando a los trabajadores de nuestro servicio”, señaló Camila González, dirigente de ANTRAP en la provincia de Marga Marga.
Desde ANTRAP advierten que la situación está llegando a un punto crítico y exigen que las autoridades regionales intervengan ante el nivel central para acelerar la solución y establecer una fecha definitiva para el pago de los recursos pendientes.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de que el conflicto derive en movilizaciones o paralizaciones de actividades, escenario especialmente delicado considerando que se trata de funcionarios que cumplen labores esenciales en residencias donde viven niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.
De concretarse medidas de presión, sus consecuencias podrían repercutir directamente en el funcionamiento de estos centros y en la atención de menores que requieren cuidados y acompañamiento permanente.
