Tras la destitución del presidente Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al poder, el analista internacional Marcelo Pérez examina las consecuencias políticas y económicas de la crisis paraguaya. Para Chile, sostiene, será fundamental reforzar la coordinación con Brasil, Argentina y Paraguay para garantizar la continuidad de uno de los principales proyectos de integración sudamericana.
La crisis política y financiera que atraviesa Paraguay, desencadenada por el colapso de Ueno Bank y que culminó con la destitución del presidente Santiago Peña el pasado 6 de noviembre, abre interrogantes sobre la estabilidad institucional del país y sus posibles repercusiones en América Latina.
El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia tras el juicio político contra Peña, en un escenario marcado por la incertidumbre financiera, las investigaciones sobre el funcionamiento de la entidad bancaria y el desafío de recuperar la confianza ciudadana.
Para Marcelo Pérez, analista internacional de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Paraguay enfrenta una situación de especial gravedad, cuyas consecuencias podrían extenderse más allá del cambio de gobierno.
“Es una crisis casi terminal. El bloqueo bancario ha desatado el caos en la sociedad paraguaya, lo que ha rebasado los tintes de una simple crisis política”, sostiene.
El especialista considera que el caso ha dejado en evidencia vulnerabilidades en los mecanismos de fiscalización y control institucional, particularmente por los efectos que la crisis financiera ha tenido sobre los ahorros y los recursos previsionales.
“Veo muy complejo para cualquier político en este momento volver a ganar la confianza de los paraguayos, especialmente cuando se ha puesto en jaque cosas tan fundamentales como las pensiones y los ahorros”, plantea.
Las consecuencias para América Latina y el Mercosur
La crisis también abre un escenario de incertidumbre para los vínculos económicos de Paraguay con otros países de la región. De acuerdo con Pérez, las empresas extranjeras que mantienen operaciones en territorio paraguayo podrían adoptar una posición más cautelosa mientras se esclarecen las responsabilidades y avanza la estabilización política.
Esta situación podría afectar las decisiones de inversión y las operaciones de empresas que utilizan Paraguay como plataforma productiva para abastecer otros mercados sudamericanos.
En el plano regional, el especialista advierte que la inestabilidad podría incidir en las prioridades paraguayas dentro del Mercosur, bloque que mantiene negociaciones y compromisos comerciales con socios extrarregionales, incluida la Unión Europea.
Sin embargo, aclara que no corresponde asumir una paralización automática de estos procesos.
¿Qué está en juego para Chile?
Uno de los principales proyectos de integración que involucra a Paraguay es el Corredor Bioceánico Vial, iniciativa que busca conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una ruta terrestre de más de 2.400 kilómetros, vinculando los mercados del Atlántico con los puertos del norte chileno.
El proyecto es considerado estratégico para las regiones de Antofagasta y Tarapacá, debido a su potencial para fortalecer la actividad logística, el comercio internacional y la conectividad regional.
Frente al nuevo escenario político paraguayo, Pérez considera que Chile debe procurar que los avances del corredor no dependan exclusivamente de la continuidad de una administración.
“Para Chile, esto significa que debe mantener una estrategia de coordinación simultánea con Paraguay, Brasil y Argentina, evitando que el proyecto dependa excesivamente de la estabilidad política de un solo gobierno”, explica.
En este contexto, el analista estima que Brasil podría adquirir una mayor relevancia como interlocutor regional para favorecer la continuidad del proyecto. “Este es un proyecto demasiado grande para toda la región como para dejarlo caer por una crisis política/económica que podría ser controlada”, afirma.
Una iniciativa que debe trascender los gobiernos
Para el académico de la UNAB, el principal desafío consiste en establecer mecanismos de coordinación que permitan sostener los compromisos de largo plazo, incluso frente a cambios de gobierno o períodos de inestabilidad.
En esa línea, plantea que Chile debe impulsar una visión compartida entre los cuatro países participantes, evitando que el futuro del corredor quede condicionado por las dificultades políticas de alguno de sus integrantes.
“Chile debe establecer la idea que el Corredor Bioceánico sea una política de Estado compartida por los cuatro países, y no un proyecto que dependa de la estabilidad o de la voluntad política de un gobierno particular”, concluye.
De esta manera, la crisis paraguaya vuelve a poner sobre la mesa un desafío para la integración sudamericana: avanzar en proyectos de largo plazo que puedan mantener su continuidad más allá de las coyunturas políticas nacionales.
