La parlamentaria busca conocer el fundamento legal del mecanismo de alertas entre Meta y las policías, cuántas detenciones se han originado a partir de estos reportes y si los procedimientos han respetado las garantías constitucionales, especialmente en casos que involucran a menores de edad.
La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, realizó esta acción fiscalizadora ante información conocida en medios de comunicación sobre recientes detenciones a personas por expresiones en redes sociales o aplicaciones de mensajería consideradas amenazantes contra el Presidente de la República y el ministro de Hacienda. Mediante dos oficios, dirigidos a la Policía de Investigaciones —por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública—, y a la Defensoría Penal Pública, solicitó antecedentes sobre los procedimientos policiales, el origen de las alertas digitales y las garantías legales que deben resguardarse.
En efecto, entre los casos conocidos se encuentran una detención en Cunco, otra en Chillán y la de una adolescente de 17 años en Linares. “Hemos conocido de al menos tres casos, uno de ellos que termina en una detención ilegal por amenazas al presidente José Antonio Kast. Y lo primero es decir que no toda amenaza debe ser investigada, tiene que ser verosímil. Y no confundir amenazas que no son verosímiles con sátiras o con críticas políticas. Porque si perdemos de vista esta distinción, se produce algo que es muy complicado en una democracia, y que es la persecución”, indicó la diputada Lorena Fries.
En el oficio dirigido a la PDI, por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública, Fries solicitó copia íntegra del convenio, protocolo o instrumento que regula la recepción de alertas provenientes de Meta u otras plataformas digitales. También pidió precisar qué tipo de información se recibe —incluidos mensajes directos y conversaciones grupales—, si se solicitan antecedentes adicionales sin autorización judicial, cuántas alertas se han recibido desde 2024 y cuántas terminaron en detenciones. Asimismo, requirió conocer los criterios e instrucciones internas que utiliza la policía para evaluar la seriedad y verosimilitud de una amenaza antes de proceder a una detención, además de las órdenes judiciales o hipótesis de flagrancia que fundamentaron estos procedimientos y las eventuales medidas correctivas adoptadas.
En paralelo, la parlamentaria solicitó a la Defensoría Penal Pública cifras sobre las causas por amenazas contra autoridades, incluyendo detenciones declaradas ilegales, medidas cautelares y resultados judiciales. Especial atención puso en los procedimientos que involucran a adolescentes, luego de que el Juzgado de Garantía de Linares declarara ilegal la detención de una joven de 17 años.
Con todo, estas acciones buscan “saber hasta dónde y qué pueden hacer o no hacer. Porque, efectivamente, los delitos hay que investigarlos; pero la libertad de expresión hay que garantizarla”, concluyó la diputada Lorena Fries.
