El nuevo incumplimiento de WOM en el despliegue de su red 5G vuelve a poner a Subtel ante una situación conocida: exigir garantías por compromisos que debieron cumplirse hace tiempo. Lo inquietante no es que el regulador sancione, sino que el atraso comience a parecer parte habitual de la ejecución de grandes proyectos de telecomunicaciones.
Cobrar garantías es indispensable: los compromisos de una concesión no son sugerencias. Pero el éxito del Estado no puede medirse por cuánto recauda cuando una red no llega a tiempo. Una multa sanciona el incumplimiento; no devuelve a una comunidad los años que pasó esperando conectividad.
Hay aquí una paradoja. El espectro radioeléctrico es un bien público escaso que el Estado asigna para transformarlo en servicio. Si las obligaciones se postergan y finalmente se traducen en pagos, corremos el riesgo de convertir una promesa de cobertura en una obligación financiera. Y ambas cosas no son equivalentes.
El problema, entonces, excede a WOM. Una institucionalidad que sabe sancionar, pero no consigue asegurar oportunamente el cumplimiento, termina administrando las consecuencias de aquello que debía prevenir.
Porque la autoridad del Estado no se mide por su capacidad de cobrar garantías, sino por su capacidad de hacer cumplir las reglas.
