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Chile suma más de 21 mil cámaras municipales, pero solo una de cada cuatro comunas las tiene conectadas con las policías

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Con la Ley de Seguridad Municipal ya vigente y a semanas de que rija la nueva ley de datos personales, Vigatec advierte que el desafío de los municipios ya no es instalar más cámaras, sino lograr que funcionen, estén monitoreadas y se integren con Carabineros y la PDI.

La televigilancia se ha convertido en la principal apuesta de los municipios contra la delincuencia. Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el país operan 21.150 cámaras municipales y 333 salas de monitoreo. Sin embargo, solo 92 de las 345 comunas tienen sus cámaras conectadas a una central policial.

Las brechas también son territoriales. Mientras un municipio supera las 3.000 cámaras, otros no alcanzan las 30.

El problema no es solo cuántas cámaras hay, sino cuántas funcionan, cuántas están monitoreadas y cuántas se integran con la policía. Equipos sin contrato de mantención vigente, centrales que operan con un solo funcionario por turno y cámaras que no están enlazadas con Carabineros son brechas que, como han constatado fiscalizaciones recientes, se repiten en distintas comunas del país.

“Una cámara que nadie mira, que no se mantiene o que no está conectada con la policía es un gasto, no una política de seguridad”, afirma Tomás Aparicio, gerente de la División de Seguridad y Telecomunicaciones de Vigatec. “El foco de los municipios para 2027 debería estar en hacer rendir lo que ya instalaron”.

Para Vigatec, buena parte del problema es de integración. Las comunas han ido sumando cámaras, software y centrales de distintos fabricantes y en distintos momentos, y esos sistemas no siempre conversan entre sí ni con las policías. Como integrador tecnológico agnóstico y multimarca, la compañía plantea que la solución no pasa por reemplazar lo ya instalado, sino por conectarlo: hacer que equipos de diferentes marcas operen como una sola red, monitoreada y enlazada con la central policial.

Lo que dice la evidencia

La investigación internacional respalda esa advertencia. Un metaanálisis de 76 estudios publicado en Criminology & Public Policy concluyó que la videovigilancia reduce el delito en un 13% en promedio. El efecto se concentra en estacionamientos y zonas residenciales y es mayor cuando hay monitoreo activo. En cambio, el estudio no encontró un efecto significativo promedio en centros urbanos ni en delitos violentos.

“La diferencia la hace el operador que detecta un hecho en tiempo real y despacha a la patrulla”, explica Aparicio. “Sin esa cadena, la cámara solo sirve para mirar el delito después de que ocurrió”.

Una ley vigente, pero todavía en construcción

La Ley 21.802 de Seguridad Municipal rige desde el 12 de agosto. Reconoce la televigilancia como función de los municipios y fija estándares para el uso de cámaras y drones que deben resguardar los datos personales de los vecinos. Sus reglamentos aún están pendientes, con plazo hasta febrero de 2027. Para plataformas tecnológicas e interconexión de registros, la ley contempla $208 millones.

A eso se suma la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. La norma exige evaluaciones de impacto cuando hay vigilancia sistemática de espacios de acceso público, lo que obligará a revisar cómo se graban, almacenan y comparten las imágenes.

Cuatro criterios para invertir mejor

A partir de su experiencia en los proyectos de seguridad, Vigatec propone que los municipios evalúen su inversión en televigilancia con cuatro criterios:

  1. Mantención con niveles de servicio garantizados, para que una cámara caída se repare en horas y no en meses. Un modelo de servicio gestionado, con contratos multianuales que incluyen equipos, operación y mantención, permite a los municipios con presupuesto acotado reemplazar una gran inversión inicial por un gasto operacional predecible.
  2. Dotación de operadores proporcional al número de cámaras, con monitoreo las 24 horas.
  3. Interconexión con Carabineros y la PDI, integrando en una sola plataforma equipos de distintas marcas, para que las imágenes lleguen en tiempo real a quien despacha.
  4. Gobierno de datos que cumpla la nueva ley: quién accede, cuánto tiempo se guardan las imágenes y cómo se entregan a la Fiscalía.

Antofagasta muestra el camino. En julio la comuna estrenó una central que pasó de 30 a 130 cámaras, funciona las 24 horas y cuenta con un carabinero de forma permanente.

“La ley abrió una oportunidad para profesionalizar la seguridad municipal. Para aprovecharla, cada peso invertido en cámaras debe ir acompañado de operación, mantención e integración”, concluye el gerente de la División de Seguridad y Telecomunicaciones de Vigatec.

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