A pocos días de que se vote la partida en el Congreso, los firmantes, de todos los sectores, hacen un llamado al Gobierno y al Congreso: no se puede recortar en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección directa del Estado.
Más de 100 personas, entre ellas parlamentarios, alcaldes, académicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones que trabajan con la infancia, se unieron en una carta pública, donde piden reponer los recursos para el cuidado alternativo que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 reduce en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), y sellar un acuerdo transversal de no regresión en materia de niñez protegida.
Entre los casi 100 firmantes se encuentran voces como los alcaldes Claudio Castro, Jaime Bellolio, Max Luksic y Tomás Vodanovic; Alejandra Canessa, Rosita Puga, Florencia Álamos, Adriana Delpiano, Mariana Aylwin, Carolina Goic, José Francisco Yuraszeck, Esperanza Cueto, José Joaquín Brunner, Sylvia Eyzaguirre, Mónica Zalaquett, Susana Claro, Khristian Briones, entre otros.
La propuesta del Ejecutivo reduce cerca de un 7% los recursos para cuidado alternativo. La asignación que financia el cuidado residencial y familiar ejecutado por organismos colaboradores cae un 12%: unos 22 mil millones de pesos menos. La Defensoría de la Niñez advierte, además, que 102 de las 197 asignaciones dirigidas directamente a la niñez disminuyen, aunque el gasto total en infancia sube un 0,81%.
El recorte cae sobre programas que ya funcionan con déficit. Hoy cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes viven en residencias de protección, entre ellos 599 niños de cuatro años. Las cifras del propio Gobierno muestran que 1.729 de ellos esperan atención de psiquiatría infantil y adolescente. A eso se suman los niños que esperan un cupo en una residencia, de acuerdo con información obtenida por Ley de Transparencia.
“Para estos niños, la residencia es la única respuesta disponible. Recortar aquí es trasladar el daño, con un costo humano que Chile no puede permitirse”, señaló Alejandra Canessa, gerenta general de la Fundación Protectora de la Infancia.
Los firmantes reconocen el diagnóstico que el Gobierno presentó en su plan Chile Cuida a los Niños y valoran que haya puesto la protección especializada en el centro de la agenda. Sin embargo, precisamente por eso, sostienen que el presupuesto tiene que estar a la altura de ese compromiso.