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Diputados PS solicitan a Contraloría investigar posible falta de coordinación para ejecutar expulsiones de extranjeros condenados

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Los diputados socialistas César Valenzuela y Juan Santana solicitaron a la Contraloría General de la República fiscalizar un eventual incumplimiento de la normativa vigente por parte de los organismos encargados de coordinar y ejecutar las expulsiones administrativas de personas extranjeras que han cumplido condenas en Chile.

La solicitud surge luego de antecedentes publicados por el medio de comunicación Interferencia, que dan cuenta de una eventual falta de comunicación entre el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones respecto de extranjeros condenados que recibieron beneficios de rebaja de condena y que tendrían órdenes de expulsión vigentes.

Los parlamentarios sostuvieron
que esta situación podría contravenir el deber de coordinación que establece la legislación y afectar la correcta ejecución de las órdenes de expulsión, considerando que existe un protocolo suscrito por la Subsecretaría del Interior, Migraciones, PDI y Gendarmería para coordinar estos procedimientos.

El diputado César Valenzuela explicó, «el mismo gobierno que hablaba de que iba a expulsar 300 mil migrantes, que lo iba a hacer con sus propios recursos y que además les inició una cuenta regresiva, no sólo les ha rebajado la condena a estos migrantes irregulares, sino que eventualmente tampoco ha sido capaz de garantizar de que esas personas haya iniciado su proceso de expulsión administrativa. Esto significa que efectivamente podríamos tener a estos migrantes irregulares en las calles y no estamos hablando de cualquier migrante irregular, no estamos hablando de personas que vinieron a trabajar, que se ganan la vida honradamente, estamos hablando de delincuentes que además cuentan con una condición migratoria irregular y sobre las cuales no consta de que el gobierno se haya asegurado de que esas personas hayan sido efectivamente expulsadas administrativamente. Y la pregunta aquí entonces ¿Quién se hace responsable si alguna de esas personas a las cuales se les ha rebajado la condena y eventualmente están en las calles, vuelve a cometer un delito? Y eso es a lo que hemos venido hoy día a pedirle a la Contraloría que investigue si efectivamente estas instituciones dieron cumplimiento al protocolo que se firmó en el año 2024 y eventualmente también establezca las responsabilidades de los funcionarios por no haber aplicado ese protocolo».

Por su parte, el diputado Juan Santana, dijo «el presidente José Antonio Kast es muy bueno para anunciar expulsiones a través de medios de comunicación, a través de la televisión, a través de matinales, pero lo cierto es que cuando tiene que concretar estos actos, en la práctica hay un grado de desprolijidad que no habíamos visto en las administraciones anteriores. Entre el mes de marzo y de mayo, el actual gobierno redujo la condena de personas extranjeras que se encontraban con orden de expulsión. Le avisó al Registro Civil, le avisó a la Servicio de Migraciones, pero no le avisó a la Policía de Investigaciones, que es ni más ni menos que la institución pública encargada de ejecutar este tipo de expulsiones. Y por eso hemos venido junto al diputado César Valenzuela a la Contraloría, porque existe un protocolo dirigido, promovido por el Ministerio del Interior, en donde obliga a ciertas instituciones a tener un grado de coordinación a la hora de expulsar personas extranjeras que se encuentran en nuestro país y que tienen orden de expulsión. Y naturalmente lo que muestra esto es que no hay solamente en esta situación de la baja de los decretos un problema desde el punto de vista de a quienes se está entregando el beneficio carcelario, sino que además hay un problema de desprolijidad a la hora de ejecutar y de llevar actos administrativos adelante que son indispensables para poder ejecutar este tipo de expulsiones».

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