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Diputada Hassler acusa que el Gobierno llega ocho meses tarde para enfrentar alza de combustibles

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

La parlamentaria votó a favor del proyecto aprobado por la Cámara, pero cuestionó la tardanza del Ejecutivo y sostuvo que las consecuencias del bencinazo se han trasladado directamente a las familias. Además, acusó improvisación por las sucesivas modificaciones a las cifras del costo fiscal de la iniciativa.

Durante la discusión en la Cámara del proyecto que busca establecer medidas para contener las alzas de los precios de los combustibles, la diputada Irací Hassler manifestó su voto favorable a la iniciativa, aunque cuestionó duramente la tardanza del Gobierno y su responsabilidad en el origen de esta situación.

“Aquellas medidas que apoyan a la población en general y que presenten un congelamiento de precios van a contar con nuestro voto favorable, pero también con nuestra crítica clara de que el Ejecutivo provocó esta situación”, señaló la parlamentaria.

Hassler lamentó “que ocho meses después, y con atraso, llegue el ministro Quiroz a buscar hacer una propuesta respecto del bencinazo que él mismo decidió trasladar directamente a las familias chilenas”.

“Recordemos que las consecuencias del bencinazo nos tienen hoy día en recesión técnica, con un millón de personas desempleadas, con una inflación sobre el 4% interanual y en una situación realmente crítica que están pagando nuestros vecinos y vecinas”, añadió la diputada y economista.

La legisladora destacó que, en la Comisión de Hacienda de la Cámara “finalmente, el ministro Quiroz tuvo que reconocer que el bencinazo, que generó, provocó una disminución de la actividad económica”.

“En particular, él señaló que un 0,2% del menor crecimiento es debido al bencinazo. Otros economistas estiman que esto es mucho más. Sin embargo al menos ya queda claro que su bencinazo provocó un menor crecimiento, lo que nos tiene hoy día ante una recesión técnica y con una proyección del Banco Central de 0% de crecimiento en el año 2026”, indicó.

La parlamentaria también cuestionó que las medidas propuestas por el Ejecutivo no consideren a todos los sectores afectados por el alza de los combustibles. “Los camioneros han sido afectados, pero también los transportistas escolares, los agricultores, los pescadores. En ese sentido, lamentamos que haya una búsqueda de diferenciación de beneficios tributarios para algunos sectores que no son los únicos que han sido perjudicados con las malas decisiones del ministro Quiroz”, sostuvo.

Otro de los cuestionamientos de Hassler fue al beneficio establecido en el artículo 3, numeral 3, que permite a las empresas de transporte de carga con ingresos anuales superiores a las 20.000 UF recuperar el 50% del impuesto específico al diésel. “Los recursos públicos deben priorizar a los pequeños y medianos transportistas, en lugar de privilegiar beneficios a empresas de mayor tamaño”, señaló. Esta disposición fue rechazada por 44 diputadas y diputados en la votación particular de la Sala, aunque finalmente se aprobó con 87 votos a favor y 7 abstenciones.

La diputada criticó el tiempo que ha tardado el Gobierno en reaccionar y el costo que finalmente deberán asumir las arcas fiscales. “Lamentamos, en ese sentido, la improvisación del Ejecutivo, que incluso en estos días ha mandado distintos proyectos e indicaciones sustitutivas y que finalmente propone gastar 827 millones de dólares. Por tanto, todo este tiempo que las familias pasaron de manera compleja, que pasaron con desempleo, finalmente no produce un ahorro al Estado, sino que se trasladó a las familias y hoy día implica también este tremendo gasto”, afirmó.

«Exigimos claridad»

También a través de su cuenta en X, Hassler cuestionó las sucesivas modificaciones en las estimaciones del costo de la iniciativa. “En pocos días, el Gobierno ha entregado tres cifras distintas: US$900 millones, US$700 millones y finalmente US$827 millones. Con la indicación sustitutiva, el costo fiscal del proyecto aumentó un 52,3%”, señaló.

“Exigimos claridad sobre el financiamiento de estas medidas y una evaluación integral del impacto de las decisiones adoptadas en marzo sobre la inflación, el crecimiento y la recaudación fiscal”, agregó.

Finalmente, la parlamentaria sostuvo que “las familias chilenas no pueden seguir pagando las consecuencias de las decisiones del Gobierno. Es momento de que asuman las responsabilidades y cambien el rumbo”.

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