Fue elegido por unanimidad. Como primera medida, la comisión ofició al ministro de Justicia para que entregue todos los decretos firmados desde marzo en casos de abuso de niños, niñas y adolescentes y de violaciones a los derechos humanos.
La tarde de este martes se constituyó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La acusación busca aclarar si tiene responsabilidad en las rebajas de condena a pedófilos y a condenados por violaciones a los derechos humanos, y en posibles faltas a la probidad y la transparencia. El diputado PPD Raúl Soto fue elegido presidente de la instancia por unanimidad de sus integrantes.
«Es un cargo que no busqué, pero que asumo con responsabilidad. Vamos a hacer una conducción que le dé garantías a todos: que se pueda revisar en detalle cada uno de los argumentos y que el ministro tenga el espacio para defenderse con argumentos jurídicos, como corresponde», dijo Soto.
El diputado explicitó que ya habló con el ministro Rabat. «Le señalé que acá lo vamos a estar esperando, que lo vamos a sentar en el banquillo para que responda cada una de las preguntas de los diputados y para que se aclare lo que efectivamente ha ocurrido», contó.
Como primera medida, y con el acuerdo de todos sus integrantes, la comisión ofició al ministro. Le pide que entregue enumerados y en detalle todos los decretos que firmaron él o sus subalternos en los 8 meses de gobierno, de marzo a la fecha. El oficio cubre los casos de violaciones y abusos de niños, niñas y adolescentes, los de violaciones a los derechos humanos y cualquier otro que interese a la comisión. Se centra en los decretos dictados sin una orden expresa del Poder Judicial, que son los que están en cuestión.
«Sabemos que el ministro ha entregado parcialmente algunos decretos al Senado y otros, bajo reserva, a la Cámara. Hoy queremos todos los decretos, en detalle, para analizar cada uno de los antecedentes», dijo Soto.
La comisión pidió que los decretos se entreguen anonimizados. «Son actos administrativos públicos, pero hay que resguardar la información sensible de las víctimas para no exponerlas a una revictimización», explicó.
Por la misma razón, el presidente podrá decretar sesiones secretas cuando haga falta para resguardar el interés superior de los niños y niñas víctimas.
Según el reglamento, el ministro tiene 10 días desde hoy para responder. Mientras tanto, la comisión empezará a sesionar este lunes y recibirá a los invitados que propongan sus integrantes. Una vez que llegue la defensa, la comisión tendrá 6 días para pronunciarse.
«Mis facultades no están por sobre el reglamento. Vamos a hacer un trabajo diligente, responsable, serio e imparcial, para escuchar todas las opiniones y formarnos un juicio acabado sobre la responsabilidad de este ministro. Que cada chileno y chilena, y cada parlamentario y parlamentaria, se forme un juicio propio sobre si procede o no esta acusación», dijo Soto.