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Diputado Jaime Araya recurre a Contraloría por acuerdo entre Gobierno y OpenAI y exige investigar legalidad, protección de datos y uso de recursos públicos

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (IND.-PPD), ingresó este martes un requerimiento ante la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del memorándum de entendimiento denominado OpenAI para Chile, suscrito por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con la empresa estadounidense OpenAI, en el marco de la visita oficial de la ministra Ximena Lincolao a Estados Unidos.

La presentación parlamentaria busca establecer si la Secretaría de Estado cuenta con las atribuciones legales para suscribir un instrumento que contempla la eventual incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la administración pública, además de conocer las obligaciones asumidas por el Estado, los recursos fiscales que podrían comprometerse y las garantías de protección de datos personales.

“Ingresamos la mañana de hoy un requerimiento a Contraloría para que se pronuncie respecto a la legalidad del memorando de entendimiento firmado entre la ministra de Ciencia y OpenAI. Esto tiene que ver con implementar inteligencia artificial de OpenAI en el Estado de Chile y eso le va a garantizar acceso indiscriminado a datos personales”, señaló el diputado Araya, advirtiendo sobre los riesgos que, a su juicio, podría implicar la implementación del acuerdo.

El parlamentario vinculó su preocupación con la postergación de la entrada en funcionamiento de la nueva institucionalidad de protección de datos personales, señalando que “hoy día mismo que se ha prorrogado durante un año la puesta en marcha de la Agencia de Protección de Datos Personales y la vigencia de la propia ley, nos parece que significa un debilitamiento del acceso a la información personal de cada chileno”.

En su presentación, Araya solicita que Contraloría requiera el texto íntegro de los acuerdos suscritos con OpenAI y ElevenLabs, los actos administrativos que los aprobaron, los informes jurídicos y técnicos que respaldaron su suscripción y los antecedentes sobre eventuales compromisos financieros. También pide examinar si los acuerdos posteriores deberán ajustarse a la legislación de compras públicas y si se respetaron las competencias de la Secretaría de Gobierno Digital, dependiente del Ministerio de Hacienda.

“Es la Contraloría el organismo que tiene que determinar si esta acción se enmarca dentro de las facultades que tiene la ministra, si el objeto es lícito y si además la forma de acceso que involucra naturalmente recursos públicos es la correcta”, afirmó.

El oficio también solicita transparentar los gastos asociados al viaje de la ministra Lincolao a Estados Unidos, incluyendo pasajes, viáticos, alojamiento, integrantes de la comitiva y eventuales aportes de entidades privadas. Asimismo, requiere identificar todos los acuerdos celebrados por el Ministerio de Ciencia con empresas de inteligencia artificial desde el inicio de la actual administración.

El diputado cuestionó que una decisión de esta naturaleza se haya anunciado sin que se conozcan públicamente todos sus alcances. “A nosotros nos parece que este es un tema muy delicado para que una ministra de manera absolutamente inconsulta aparezca firmando bajo el título de un memorando de entendimiento o un protocolo o un convenio como que fuera algo menor, algo que realmente pone en riesgo la protección de los datos personales en nuestro país”, sostuvo.

Finalmente, Araya insistió en la necesidad de establecer resguardos claros antes de avanzar en la utilización de estas tecnologías dentro de la administración pública.

“Esto es una materia que recién se está desarrollando en Chile en la que tenemos que levantar todo tipo de alertas. No cualquier persona puede acceder a datos personales de los chilenos y chilenas, menos agencias de extranjeros, menos agencias de inteligencia artificial”, concluyó.

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