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Contraloría detecta a más de 300 funcionarios del Estado con condenas vigentes pese a prohibición legal

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Análisis advirtió que 149 de los trabajadores pertenecen a gobiernos locales y 166, al gobierno central y que 73 condenas son por crímenes y a 244 a simples delitos.

La Contraloría General dio a conocer un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, en el que advirtió que más de 300 personas que trabajan en la administración del Estado tienen condenas por crimen o simple delito, incumpliendo la prohibición expresa para continuar ejerciendo un cargo público, establecido en el artículo 54 letra c) de la Ley N°18.575.

El análisis se realizó a partir de un cruce entre las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), Servicio Electoral (SERVEL) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Así, se advirtió de la existencia de 315 funcionarios y servidores públicos que están asociados a 317 registros de condena. De ellos, 149 trabajan para el gobierno local y 166, lo hacen en el gobierno central.

En cuanto a los servicios con mayor de personas condenadas que trabajan en el Estado, figura que 84 funcionarios pertenecen a Carabineros de Chile; 22 al Ejército de Chile; 8 a la Armada de Chile; 6 a la Municipalidad de Valdivia; 5 a la Fuerza Aérea de Chile; 4 a la Municipalidad de Hualpén; 4 a la Municipalidad de Tierra Amarilla; 4 a la Municipalidad de Chillán; 4 a la Municipalidad de Puerto Montt; y 3 a la Municipalidad de Tocopilla.

Respecto de la gravedad de los delitos, estos se refieren a 73 personas condenadas por crímenes y 244 condenas por simples delitos. De esto último se desprende que dos funcionarios registraron más de una condena.

Al respecto, la Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio e iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente. Esto último corresponde a una circunstancia que surge después del ingreso a la Administración del Estado y que impide a una persona seguir ejerciendo un cargo público.

Asimismo, deberán informar si las condenas han sido oportunamente evaluadas y ponderadas en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.

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