Análisis advirtió que 149 de los trabajadores pertenecen a gobiernos locales y 166, al gobierno central y que 73 condenas son por crímenes y a 244 a simples delitos.
La Contraloría General dio a conocer un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, en el que advirtió que más de 300 personas que trabajan en la administración del Estado tienen condenas por crimen o simple delito, incumpliendo la prohibición expresa para continuar ejerciendo un cargo público, establecido en el artículo 54 letra c) de la Ley N°18.575.
El análisis se realizó a partir de un cruce entre las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), Servicio Electoral (SERVEL) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Así, se advirtió de la existencia de 315 funcionarios y servidores públicos que están asociados a 317 registros de condena. De ellos, 149 trabajan para el gobierno local y 166, lo hacen en el gobierno central.
En cuanto a los servicios con mayor de personas condenadas que trabajan en el Estado, figura que 84 funcionarios pertenecen a Carabineros de Chile; 22 al Ejército de Chile; 8 a la Armada de Chile; 6 a la Municipalidad de Valdivia; 5 a la Fuerza Aérea de Chile; 4 a la Municipalidad de Hualpén; 4 a la Municipalidad de Tierra Amarilla; 4 a la Municipalidad de Chillán; 4 a la Municipalidad de Puerto Montt; y 3 a la Municipalidad de Tocopilla.
Respecto de la gravedad de los delitos, estos se refieren a 73 personas condenadas por crímenes y 244 condenas por simples delitos. De esto último se desprende que dos funcionarios registraron más de una condena.
Al respecto, la Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio e iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente. Esto último corresponde a una circunstancia que surge después del ingreso a la Administración del Estado y que impide a una persona seguir ejerciendo un cargo público.
Asimismo, deberán informar si las condenas han sido oportunamente evaluadas y ponderadas en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.