La parlamentaria valoró que Hacienda recogiera su propuesta para restituir los 28 mil millones de pesos de la Ley Ricarte Soto, y se comprometiera a resguardar la continuidad de los cuatro programas de atención primaria. Sin embargo, lamentó que el Gobierno no accediera a aumentar el per cápita.
Tras el diálogo sostenido con el Ministerio de Hacienda durante la tramitación del Presupuesto de Salud, la senadora Karol Cariola valoró que el Ejecutivo patrocinara su indicación para restituir los $28 mil millones recortados a la Ley Ricarte Soto y acogiera parte de su propuesta para resguardar la continuidad de cuatro programas de atención primaria.
Ambas demandas habían sido planteadas por la parlamentaria ante el riesgo que significaba la disminución de recursos para la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales de la salud pública.
En el caso de la Ley Ricarte Soto, Cariola insistió durante la discusión presupuestaria la importancia de la reposición íntegra de los fondos para garantizar los tratamientos de más de 46 mil personas. Asimismo, solicitó mantener la posibilidad de suplementar el fondo desde el Tesoro Público y establecer plazos para incorporar nuevas patologías.
Respecto de la atención primaria, tras el acuerdo alcanzado por la senadora con Hacienda, se comprometieron recursos complementarios para resguardar las prestaciones de Salud Bucal, Cuidados Paliativos Universales, Más Adultos Mayores Autovalentes y el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria, asegurando a las comunas montos no inferiores a los recibidos durante 2026 y cuya incorporación al sistema per cápita había generado preocupación por su continuidad.
La senadora valoró que Hacienda acogiera estas propuestas, permitiendo asegurar el financiamiento de los cuatro programas de atención primaria y la continuidad de los equipos a honorarios durante 2027. Sin embargo, lamentó que el Gobierno no accediera a aumentar el aporte basal per cápita, cuyo reajuste alcanza apenas los $200 adicionales por persona inscrita, pese al déficit que enfrentan los municipios para sostener las prestaciones de salud.
“¿Qué mejora concreta se puede financiar en un CESFAM que ya tiene déficit con este reajuste? ¿Cuántas horas más de atención? ¿Cuántas visitas domiciliarias?”, cuestionó.
En materia de infraestructura, exigió que se transparente el plan de inversiones en infraestructura 2027 y priorizar la reconstrucción del Hospital Van Buren, el CESFAM Las Cañas, Nuevo Aurora, SAR Placilla y SAR Quebrada Verde, este úlitmo paralizado desde mayo con un 57% de avance, situación por la que recientemente recurrió a Contraloría. Finalmente, planteó habilitar el convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile para reducir las listas de espera y mejorar el uso de los recursos públicos destinados a salud.