El informe opina: “Se advierte, enseguida, que los nuevos artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter cuya incorporación al referido código impulsa el proyecto parecen innecesarios y sobreabundantes a la luz de las reglas actuales sobre ejecución o cumplimiento de las resoluciones judiciales del Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil”.
La Corte Suprema envió al Senado el informe del proyecto de ley, iniciado en moción, que “Modifica el Código de Procedimiento Civil para regular la ejecución de las resoluciones judiciales de bloqueo de sitios web y plataformas en línea”.
El asunto fue analizado en el Pleno del 09 de noviembre pasado y el documento fue enviado a la presidencia del Senado, el 12 de noviembre pasado.
La Corte Suprema luego del análisis de rigor opina:
“Lo primero que se observa es un desajuste entre lo que en el fondo el proyecto quiere resolver -la utilización deliberada de mecanismos tecnológicos por parte de las plataformas de apuestas en línea para continuar operando, desobedeciendo con ello el bloqueo decretado judicialmente- y la fórmula escogida para ello”, dice el informe.
Agrega: “Se advierte, enseguida, que los nuevos artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter cuya incorporación al referido código impulsa el proyecto parecen innecesarios y sobreabundantes a la luz de las reglas actuales sobre ejecución o cumplimiento de las resoluciones judiciales del Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil”.
“También se previene sobre el problema de sistematicidad normativa que significaría incorporar los señalados artículos en este último cuerpo legal. La especificidad de la materia regulada amerita repensar la técnica legislativa escogida, interviniendo en ese caso la regulación sectorial específica que rige las telecomunicaciones o bien los juegos de azar”, continúa el informe.
El informe sostiene: “Sin perjuicio de lo anterior, también se advierte que el problema al que el proyecto busca poner remedio puede estar en otros factores que no se relacionan con la insuficiencia de poderes de ejecución de los tribunales, ni con la falta de oportunidades de discusión, como sugiere la moción analizada”.