Una toma del edificio consistorial y un paro total e indefinido de actividades iniciaron este miércoles las asociaciones de funcionarios de la Municipalidad de Quilpué, luego de que el Concejo Municipal rechazara nuevamente la modificación presupuestaria destinada a financiar las remuneraciones de diciembre de 183 trabajadores a contrata, quienes arriesgan perder su fuente laboral.
La movilización fue acordada durante una asamblea general realizada a las 16:00 horas, en la que participaron las distintas organizaciones de trabajadores municipales. Así lo explicó Rosita Tapia, la vocera de la Asociación de Auxiliares de la Municipalidad de Quilpué, quien señaló que la decisión responde a un conflicto que se arrastra desde hace varios meses.
“Esto es una acción que decidimos tomar las asociaciones de funcionarios de la Municipalidad de Quilpué, debido a una conversación que se ha tenido ya desde hace dos, tres meses en comisiones de Concejo”, explicó.
Según relató Tapia, durante la semana pasada se habría alcanzado un acuerdo para aprobar los recursos necesarios luego de distintas conversaciones entre las partes. Sin embargo, aquello no se concretó durante la sesión de este miércoles. “Finalmente llegan a un acuerdo la semana pasada y se anuncia este acuerdo por el mismo Concejo Municipal para la aprobación del presupuesto para la contratación de los contratos. Esto hoy día no ocurrió, al contrario, hubo un rechazo”, sostuvo la representante.
La vocera cuestionó el manejo de la situación presupuestaria y apuntó a las responsabilidades de la administración municipal y del Concejo. “Esto es una base de una mala administración y también, por otra parte, todo el rol de los alcaldes de poder fiscalizar los procesos al interior del municipio”, manifestó.
De acuerdo con la declaración pública difundida por las asociaciones de funcionarios, los 183 trabajadores a contrata arriesgan perder sus puestos de trabajo debido al rechazo de la modificación presupuestaria destinada a financiar sus remuneraciones de diciembre. Algunos de ellos llevan más de diez años desempeñándose en el municipio y, según advierte el documento, no tendrían derecho a recibir indemnización ante una eventual desvinculación.
Frente a este escenario, Tapia indicó que también solicitaron antecedentes a la Contraloría General de la República, debido a las distintas versiones que han recibido respecto de la disponibilidad y aprobación de los recursos. “Hemos tomado también la determinación de acudir a la Contraloría para que nos informen, porque tenemos tanto lo que nos informa la administración y también lo que nos informan los concejales”, afirmó.
Respecto de las posibilidades de diálogo, la vocera señaló que, antes de concretarse la toma, sostuvieron una reunión con representantes de la administración municipal, instancia en la que se les comunicó que presentarían una contrapropuesta. No obstante, hasta el momento de la entrevista no habían recibido un nuevo contacto. “Nos señaló que van a presentar una contrapropuesta. Nosotros esperamos y rogamos que esto sea ya definitivo, ojalá el próximo miércoles o el próximo jueves, pero no hay fecha”, indicó Tapia.
En cuanto a las consecuencias de la movilización para la comunidad, la representante confirmó que la paralización contempla la suspensión de los servicios municipales, con excepción de las funciones consideradas impostergables. “Solamente quedó el servicio del reparto del agua y también todo lo que tenga que ver con alguna emergencia, ni Dios lo quiera, fallecimiento de algún ciudadano, incendio. Ese turno está cubierto, como un turno de emergencia”, detalló.
Finalmente, las asociaciones hicieron un llamado a las autoridades municipales para alcanzar una solución que permita asegurar el financiamiento de las remuneraciones y la continuidad laboral de los trabajadores afectados. En su declaración pública, exigieron a la alcaldesa Carolina Corti y al Concejo Municipal llegar a un acuerdo, advirtiendo que la movilización se mantendrá ”mientras no exista una solución concreta”.
