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Arraigo nacional para los seis funcionarios navales formalizados hoy en causa que investiga la agresión sexual contra mujer en dependencias de la Armada en Rapa Nui

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Este miércoles se realizó la formalización de seis funcionarios de la Armada en Rapa Nui, vinculados a la investigación por agresión sexual contra una joven por parte de un grupo de uniformados en dependencias navales de Isla de Pascua.

Según indicó el tribunal isleño, los imputados quedaron todos con arraigo nacional y sólo uno de ellos, con prohibición de acercarse a la víctima. El plazo de investigación se fijó en 90 días. Desde la institución se indicó que no habrá declaraciones hasta el término del proceso judicial.

Sergio Espinosa, fiscal jefe de Rapa Nui sostuvo que se realizó la audiencia de formalización para los seis funcionarios de la Armada, «a los cuales se le atribuye la participación como autor de un concurso de ilícitos, que dicen relación con la actuación que les tuvo a cada uno de ellos en el procedimiento desarrollado durante la madrugada del día 3 de octubre del presente año, con ocasión de la denuncia que tomaron conocimiento por un delito de agresión sexual a una joven de Rapa Nui en el interior del recinto de la Armada».

El tribunal acogió parcialmente la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público y quedaron con arraigo nacional, y en el caso específico de uno de ellos, además, quedó con prohibición absoluta de comunicación o de acercamiento a la víctima de estos hechos. «Las investigaciones siguen en desarrollo, se ha decretado la reserva de la investigación en virtud de los antecedentes que se han ido recopilando a través de esta, pero en general la imputación hoy día acumularon las causas», destacó.

Otro aspecto a analizar es la prevaricación administrativa, «con actuaciones como funcionarios públicos negligentes en el desarrollo desde la denuncia», mencionó, explicando que la investigación se extiende al manejo de la denuncia y el poner en conocimiento de la autoridad competente, todo esto que reviste caracteres de delito.

«Se fijó un plazo común de 90 días y se mantienen las diligencias de investigación para poder determinar dinámica y participación, no solamente en estos ilícitos, sino que también en el delito principal que dice relación con la agresión sexual», concluyó el persecutor.

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