El instituto ofició a la Fiscalía Nacional, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de Telecomunicaciones para conocer cómo se tramitan estos reportes y qué resguardos se aplican para proteger las comunicaciones privadas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició a la Fiscalía Nacional y la Policía de Investigaciones (PDI), solicitando información sobre los procedimientos que realizan, los criterios aplicados y la existencia de protocolos al momento de recibir reportes de empresas de plataformas digitales sobre eventuales amenazas. También consultó a la SUBTEL por las normas y fiscalizaciones relacionadas con la privacidad de las comunicaciones.
Según antecedentes de prensa recogidos en los oficios, algunas investigaciones por presuntas amenazas o atentados contra la autoridad se habrían iniciado a partir de reportes enviados por estas empresas a la PDI. Al respecto, el INDH solicitó información sobre los procedimientos utilizados y recordó que la Constitución garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, cuya interceptación requiere autorización judicial previa y debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, señaló que «la Constitución protege las conversaciones privadas de todas las personas, también cuando tienen lugar en una plataforma digital. En ejercicio de nuestras atribuciones legales, solicitamos antecedentes para conocer qué información reciben las autoridades y cómo se resguarda ese derecho al investigar una denuncia. Contar con sus respuestas nos permitirá examinar estos procedimientos con mayor fundamento».
En este contexto, el INDH se reunió con el equipo de Derechos Digitales, organización que trabaja por fortalecer los derechos humanos en el entorno digital en América Latina, a través de la investigación, la difusión de información y la incidencia en políticas públicas. Cabe destacar que esta entidad es parte del Registro de Instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos del INDH, que reúne a más de 160 colectividades.
Durante la reunión ambos equipos acordaron realizar acciones de colaboración entre ambas instituciones para abordar esta situación así como también para enfrentar la preocupación por el aumento de noticias falsas, discursos de odio y otras expresiones de violencia digital en el debate público.
Al respecto, Catalina Balla, directora de comunicaciones de Derechos Digitales, indicó que «valoramos que el INDH pida explicaciones sobre la entrega de información de Meta a la PDI. Nos preocupa la falta de transparencia sobre cómo Meta detecta los mensajes que reporta, si usa sistemas automatizados, con qué criterios alerta a la policía, qué datos entrega y con qué fundamento legal la PDI los usa. Las amenazas reales deben investigarse, pero en una democracia la opinión, la crítica y la burla hacia una autoridad están protegidas, y nadie debería temer que un mensaje así termine en una detención. Es necesario conocer el alcance de estas prácticas y asegurar que se respeten la privacidad, la libertad de expresión y las garantías del debido proceso».