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La oposición tiene derecho a bloquear, no a vulnerar las reglas. Por Gregorio Calderón Riquelme, Estudiante de Sociología, Universidad de Playa Ancha (UPLA), Terapeuta en Adicciones y Salud Mental

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Los límites éticos de la obstrucción parlamentaria

La madurez de una democracia no se pone a prueba únicamente cuando el Ejecutivo ejerce el poder, sino también cuando la oposición utiliza sus atribuciones para fiscalizarlo. Por lo mismo, lo sucedido en el Senado durante la discusión del Presupuesto 2027 exige una mirada profunda que trascienda la estrechez de la coyuntura y la disputa partidaria.

La controversia surgió cuando el senador Juan Luis Castro (PS) gestionó el retiro de los permisos constitucionales de los parlamentarios Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes integraban la comitiva del presidente José Antonio Kast en su gira por Asia. La gestión no era menor: incidía de forma directa en los quórums requeridos para votaciones clave, entre ellas las de endeudamiento público.

Sin embargo, el episodio adquirió otra dimensión cuando la senadora Órdenes sostuvo que jamás solicitó dicho retiro, no firmó documento alguno con ese fin ni autorizó a terceros para representarla.

Por su parte, Espinoza descartó una falsificación de su firma y atribuyó lo ocurrido a una «desprolijidad administrativa», aun manifestando su molestia. Es decisivo no homologar ambos casos: la falta de consentimiento explícito marca una diferencia sustancial.

Hoy, mientras la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer la eventual utilización no autorizada de la firma de Órdenes, la Mesa del Senado anunció una revisión interna de sus procedimientos y restituyó los permisos. Es cierto que una investigación formal no anticipa culpabilidades ni constituye condena penal. Pero tampoco extingue la necesidad impostergable de dar explicaciones públicas.

«¿Hasta dónde puede llegar una estrategia política cuando el afán de bloquear al adversario termina por atropellar las reglas del juego?»

La cuestión de fondo es otra: ¿hasta dónde puede llegar una estrategia política cuando el afán de bloquear al adversario termina por atropellar las reglas del juego? La oposición tiene el derecho —y el deber— de fiscalizar, cuestionar, presionar y rechazar iniciativas gubernamentales. Es parte esencial del contrapeso democrático. Ningún Gobierno puede pretender gobernar sin oposición ni calificar la disidencia legítima como una amenaza a su autoridad.

No obstante, la fiscalización tiene límites éticos e institucionales claros. No se puede instrumentalizar el procedimiento ni alterar la voluntad soberana de un representante. De acreditarse que un permiso fue retirado sin el consentimiento de su titular, o que una firma fue utilizada indebidamente, no estaríamos frente a una astuta jugada parlamentaria, sino ante una vulneración de máxima gravedad.

Chile no necesita una oposición dócil, pero sí una que actúe con la claridad de que las instituciones no pertenecen a un pacto electoral de turno. Exigir transparencia y pulcritud al adversario resulta incoherente si, al mismo tiempo, se flexibilizan las reglas propias según la conveniencia del momento. La responsabilidad institucional no depende del dictamen de un tribunal penal: el Senado debe transparentar sus flujos administrativos y fortalecer sus controles sin esperar una sanción de la justicia.

Cuando la política se convierte en una dinámica en la que neutralizar al rival importa más que resolver las urgencias del país, la distancia con la ciudadanía se vuelve abismal. El debate presupuestario no es una riña de bancadas; afecta directamente los recursos, las prioridades sociales y la calidad de vida de las personas. La oposición tiene pleno derecho a bloquear, pero jamás a vulnerar el marco normativo. En esa frontera se juega, ni más ni menos, la confianza que sostiene nuestra democracia.

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