Recientemente el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso dictó sentencia en contra de la Refinería Aconcagua de Enap luego que el Sindicato de Profesionales interpusiera una denuncia por prácticas antisindicales y autonomía sindical. El fallo fue bastante específico y contundente, porque estableció para la empresa una serie de obligaciones, como pagar una multa de 200 UTM, dejar sin efecto la sanción impuesta a los dirigentes, pagar las costas del juicio e implementar charlas informativas sobre libertad sindical, con una duración no menor a los 90 minutos.
¿Las razones de este desencuentro?, el sindicato había informado a sus asociados respecto del resultado de un litigio anterior contra otra agrupación de trabajadores y contra la propia empresa que había terminado en un “acuerdo judicial”. Esta comunicación se hizo a través del grupo de WhatsApp del Sindicato de Profesionales y en un tono de satisfacción, por el arreglo alcanzado.
Sin embargo, el contenido de la información compartida generó molestia al interior de una de las gerencias y se decidió amonestar verbalmente a los cinco dirigentes del sindicato, pero registrando además esta situación en sus respectivas hojas de vida. El problema es que en el procedimiento interno aplicado por la empresa se estableció la figura de “flagrancia”, por lo que la solicitud de anulación por parte de los dirigentes fue declarada inadmisible.
“Con esto la empresa manifestó claramente su intransigencia, en una actitud fuera de lo usual, pocas veces lo había visto. No escucharon a nadie y optaron por sancionar a todos los integrantes de la directiva, utilizando el tema de la flagrancia, pero sin oír razones ni ver pruebas adicionales”, comenta uno de los abogados del Sindicato de Profesionales, Claudio Venegas.
El profesional sostiene que, debido a eso, y sintiéndose atados de manos, los trabajadores optaron por recurrir a la justicia laboral, la que finalmente dictó una sentencia demoledora, pero que no fue reconocida por la empresa. Es más, decidieron interponer un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ahora es el tribunal porteño el que deberá manifestarse sobre este caso en las próximas semanas.
“Hicimos una denuncia por práctica antisindical por el derecho de los trabajadores de emitir opiniones y de informar de manera interna a sus asociados, cosas que están en la naturaleza de sus funciones, es más, ellos trataron de resolver el tema, pero no fueron escuchados”, complementa Venegas, junto con decir que compartieron este caso con varios expertos en derecho laboral y todos estuvieron de acuerdo con lo improcedente de estas sanciones.
Si bien desde Enap habrían sostenido en su momento que el comunicado entregado por el sindicato a sus agremiados era inexacto y dañaba la imagen de la entidad, los dirigentes sancionados se han mantenido en los siguientes argumentos: la comunicación realizada se hizo de forma interna, privada y era de interés directo para las bases, la sanción aplicada se decretó por una actividad gremial y no por desempeño laboral, se hizo uso improcedente de la flagrancia, ya que no tuvieron derecho a réplica y, finalmente, la acción de sancionar buscaba un claro efecto disuasivo sobre la directiva.
Finalmente, el asesor legal del Sindicato de Profesionales, que forma parte de la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales, Técnicos y Supervisores de la Enap (FESENAP), junto al Sindicato de Turnos y de Profesionales de Bío Bío con sede en Hualpén, sostiene sin dudar que el fallo entregado por el tribunal laboral es “lo suficientemente claro y contundente, porque respeta toda la legislación laboral chilena, así como los tratados suscritos por Chile para estos casos, los hechos están claros, más allá de que la empresa se siga negando a reconocerlos”.