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OpenAI en el Estado: experto identifica los servicios públicos que podrían simplificar sus trámites con inteligencia artificial

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

En medio de los cuestionamientos al acuerdo entre el Gobierno y OpenAI, que llevaron a Contraloría a solicitar antecedentes al Ministerio de Ciencia, surge una pregunta: ¿cómo podría cambiar la atención en servicios públicos como Fonasa, el Registro Civil o el Servicio de Impuestos Internos (SII) con la incorporación de inteligencia artificial?

Para Emilio Polit, académico de Administración de Servicios de la Universidad de los Andes, estas instituciones, junto con ChileAtiende y las municipalidades, podrían simplificar significativamente sus trámites, anticiparse a las necesidades de los usuarios y ofrecer una atención más personalizada.

“Hoy, muchas veces es el ciudadano quien debe entender cómo funciona el Estado, identificar qué institución resuelve su necesidad y navegar por distintos trámites y plataformas. Con la inteligencia artificial, esta lógica podría invertirse: que sean los servicios públicos los que comprendan las necesidades de las personas y les faciliten las soluciones”, explica.

Según el académico, un asistente virtual podría orientar a los usuarios mediante lenguaje natural, ayudarlos a completar trámites e incluso anticipar gestiones pendientes, sin necesidad de conocer previamente los procedimientos administrativos.

Sin embargo, Polit advierte que la modernización del Estado no puede centrarse únicamente en la eficiencia, especialmente cuando estas tecnologías podrían utilizar información relacionada con salud, impuestos o beneficios sociales.

“Una cosa es utilizar herramientas como ChatGPT para capacitar funcionarios o mejorar procesos, y otra muy distinta es permitir que empresas privadas accedan a información personal de los ciudadanos. Esa es una línea que no se debería cruzar”, sostiene.

¿Por qué OpenAI y no otras empresas?

El convenio, suscrito por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, no contempla exclusividad, contrataciones ni transferencia de datos personales. No obstante, el académico considera necesario aclarar cómo se seleccionan las empresas que colaborarán en la modernización tecnológica del Estado.

“Sería importante conocer cuáles fueron los criterios para elegir a esta empresa y no a otras como Anthropic, desarrolladora de Claude, o Google, con Gemini. Tratándose de un acuerdo entre el Estado y una empresa privada, la transparencia y la competencia deben estar presentes, especialmente si posteriormente se traduce en contrataciones de servicios”, plantea.

Finalmente, Polit enfatiza que el éxito de la inteligencia artificial en el sector público deberá medirse en menos tiempos de espera, trámites más sencillos y mejores soluciones para los ciudadanos, y no por la cantidad de herramientas tecnológicas implementadas.

“La inteligencia artificial puede contribuir significativamente a mejorar la experiencia ciudadana, pero la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés”, concluye.

 

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