Durante esta jornada, ocho concejales opositores a la gestión del alcalde Jorge Sharp presentaron una querella criminal en contra de quienes resulten responsables, «en calidad de autores, cómplices o encubridores» de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, cometidos en contra de la Corporación Municipal de Valparaíso, y eventualmente contra la Municipalidad de Valparaíso.
De acuerdo al relato judicial, «el día 17 de mayo de 2019, se llevó a cabo una comisión de educación presidida por el concejal Carlos Bannen González, en donde uno de los temas a tratar fue una denuncia anónima por venta de colaciones en el Liceo Técnico. En efecto, según consta en el acta de dicha sesión ‘se hizo llegar una denuncia al presidente de la comisión de educación, referente a una supuesta defraudación en torno a las colaciones que se entregan a los alumnos de las escuelas municipalizadas con cargo a la subvención escolar preferencial (SEP). Dichas colaciones deben entregarse a los alumnos que se quedaban a talleres por la tarde y solían tener una jornada que partía a las 08:00 am y duraba hasta las 18:00 hrs inclusive. Aluden a que durante los años 2014, 2015 y 2016 este sistema de compra y entrega de colaciones funcionó a través de licitaciones efectuadas por el sistema de Mercado Público, sin embargo, a contar de 2017, una vez que asume esta nueva administración, el proceso se efectuó directamente tanto por el liceo María Luisa Bombal y el Técnico de Valparaíso, en donde el 90% le correspondió a este último establecimiento, con un monto superior a $180.000.000, correspondiente a 10 meses del año 2017. A este efecto, denuncia también una elusión de impuestos y que se hacía trabajar a alumnos del establecimiento en embolsar 1.500 yogures, 1.500 manzanas y 1.500 sachet de galletas alegando que esto no corresponde a producción de alimentos que es lo que estudian los alumnos en dicho establecimiento educacional. Finalmente, cuestiona el origen de los fondos para comprar las colaciones y como se efectúan las rendiciones de los dineros percibidos».
Tras recibir la respuesta del municipio que descartaba irregularidades «con fecha 02 de octubre de 2020 – casi 1 año y medio después – la Contraloría General de la República emitió el Informe Final N° 273/2020 realizado a la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social. En dicho informe, el ente contralor concluye que se dan una serie de hechos irregulares que podrían revestir el carácter de delito».
Los hechos antes descritos se encuadran en los tipos penales establecidos tanto en los artículos 234, 236 (malversación de caudales públicos) y 239 (delito de fraude al fisco) del Código Penal.
Como consecuencia de todo lo expuesto, la Contraloría General de la República ha decidido iniciar un juicio de cuentas para obtener la restitución de aproximadamente $931.000.000 (novecientos treinta y un millones de pesos) lo que claramente se traduce en un perjuicio patrimonial a la Cormuval (y a los alumnos mas vulnerables que estudian en liceos de la comuna), a la Municipalidad de Valparaíso y a la comunidad porteña en general. A su vez, los delitos por los cuales se interpone esta acción judicial, se encuentran en grado de consumado.
Además se solicita al Ministerio Público la realización de las siguientes diligencias, bajo el supuesto que éstas no se hayan realizado u ordenado: Citar a declarar a Jorge Esteban Sharp Fajardo, alcalde de Valparaíso y presidente del directorio de la Cormuval, en calidad de imputado, Marcelo Garrido Palma, secretario general de la Cormuval, en calidad de imputado, Rodrigo Vallejo Jil, Director Jurídico Cormuval, en calidad de imputado, Julia Pereira Cortez, Directora de Control de Gestión y de Planificación de la Cormuval, en calidad de imputada, Silvana Sáez Valladares, Directora Área Educación Cormuval, en calidad de testigo, Manuel Barros Muñoz, Director Área Administración y Finanzas, en calidad de testigo, Nicolás Guzmán Mora, Director Departamento Jurídico Municipalidad de Valparaíso, en calidad de testigo, Cristian Paz Becerra, Director Departamento Control Interno de la municipalidad, en calidad de testigo, Claudio Opazo Medina, ex Administrador de la Municipalidad de Valparaíso, en calidad de testigo, Romina Maragaño Schmidt, Encargada de Traspaso de Educación al Servicio Local de Educación, en calidad de testigo, Mario Díaz Villegas, Director Liceo Técnico de Valparaíso, en calidad de imputado María Bernardita Santis Doyhamboure, Directora Liceo María Luisa Bombal, en calidad de imputada, Víctor Rivera Olguín, jefe unidad control externo de la contraloría regional de Valparaíso, en calidad de testigo, Marco Brauchy Castillo, miembro del Directorio de la Cormuval, en calidad de imputado y Gianni Rivera Foo, ex miembro del Directorio de la CORMUVAL, en calidad de testigo.
Destinar la investigación de este caso a la Policía de Investigaciones, (BRIDEC) especialmente en cuanto a peritajes para determinar destino de fondos cuyos comprobantes no existen.
