En el mundo la educación siempre ha sido un desafío. Gobiernos y sociedades civiles año tras año, discuten los modos en que las complejidades humanas manifiestas en la realidad se absorban con prontitud en los sistemas educativos. Hoy, por ejemplo, inclusión, tecnologías, finanzas, convivencia o inteligencia artificial, entre otras. Sin embargo, es poca la atención que se pone sobre lo que dicen los y las docentes, quienes conocen mucho mejor la realidad de las aulas que viven a diario y que, muchas veces, se tiende a transformar desde miríadas que poco responden a las necesidades particulares de cada comunidad escolar.
En este escenario, el ministro de Educación tiene siempre un desafío mayor al de otras carteras, pues se espera de él un reflejo estratégico del Gobierno en el área y no una simple administración de funcionamiento. En este mismo sentido, el hecho que la primera magistratura emergiera políticamente desde el moviendo estudiantil que reclamó una educación pública, gratuita y de calidad, deja en una posición a priori de mayores expectativas a cumplir por esta cartera. Y ahí es que resulta significativo el paro docente que viene in crescendo, pues lo que se pide es en resumidas cuentas dos cosas: 1) el cumplimiento de compromisos de campaña y 2) una agenda común que logre subsanar los estragos que no se han corregido con las leyes del 2016 y que, en algunos casos, como los SLEP, no han funcionado.
En tal sentido, creo que el ministerio tiene que escuchar más a sus docentes porque se está alertando una situación que reclama una pronta solución y no una promesa de largo aliento, no sólo por evitar un conflicto político social como es el paro de uno de los principales gremios del país, sino porque están expresando la necesidad de resolver problemas que se pueden ir agrandando hasta llegar a niveles insolubles.
