Los diputados y diputadas frenteamplistas valoraron la denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las empresas Indura y Linde, por eventual colusión en el mercado de gases industriales y medicinales. Además, llamaron a aprobar iniciativas que persigan y controlen delitos tributarios.
Las y los parlamentarios del Frente Amplio instaron a la derecha a aprobar una serie de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para perseguir y controlar los delitos de cuello y corbata. Esto, a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las empresas Indura y Linde debido a una eventual colusión de precios en el mercado de gases industriales y medicinales (oxígeno), durante el peak de la pandemia del Covid 19 que habría afectado a hospitales públicos.
La diputada Emilia Schneider comentó que “como Frente Amplio estamos indignados e indignadas frente a este caso. Estamos hablando de la posibilidad que durante la catástrofe de salud pública que ha habido en el mundo; un grupo de empresarios, posiblemente decidió coludirse para subir los precios… porque les importa más sus ganancias, que las vidas de chilenos y chilenas. Hay instrumentos legales que tienen que operar y esperamos que se investigue a fondo”.
“Afortunadamente hace unos meses aprobamos la ley contra delitos de cuello y corbata, ley que la derecha llevó al TC. Y es justamente a ellos a quienes emplazamos a que dejen de guardar silencio cuando un empresario se pasa de listo, cuando alguno de los más ricos de este país, se hace más rico a costa de las personas. Que la derecha se pronuncie y deje de obstruir los instrumentos que estamos impulsando para perseguir delitos económicos… Necesitamos avanzar en justicia, por eso los llamamos a abrirse a despachar la Ley de Inteligencia Financiera, para perseguir la ruta del dinero de los delitos económicos en nuestro país”, concluyó.
Por su parte, la diputada Ericka Ñanco informó que “como Frente Amplio, venimos a solicitar una sesión especial en donde citaremos a ministros de Salud, de Economía y Fiscal Nacional Económico para que puedan dar cuenta del rol de fiscalización que tienen dichas entidades ante este caso de corrupción”, sentenció.
Por otro lado la diputada Javiera Morales, emplazó a la derecha a tomar conciencia de sus actos, recalcando la importancia de avanzar en el proyecto de ley de Inteligencia Financiera. “No hay palabras suficientes para explicarle a la gente lo que pasó. Me alegro que ya no sea solo un abuso, esto es un delito y puede perseguirse penalmente. Acá estos empresarios pusieron sus intereses económicos sobre la vida de las personas, le quitaron recursos al Estado y privados para hacer frente a la crisis de salud más grave que hemos tenido como país… Llamamos a la derecha a que mire este caso y se de cuenta que tenemos que avanzar legislativamente en los proyectos que sancionan y previenen delitos de cuello y corbata”. Cerró.
Para concluir, el diputado y médico de profesión, Patricio Rosas, manifestó que ante este caso, se ve reflejada una despreocupación con la salud pública del país y subrayó que “más allá de los delitos de cuello y corbata, aquí hay delitos penales porque hay muchas personas fallecidas, muchas personas no alcanzaron a recibir una cama que tenga gases clínicos. Esa es una situación nunca antes vista en nuestro país, una colusión mostrando la peor cara de la codicia humana en tiempos de crisis. Eso tiene que abrirnos la mente y el corazón, a mirar de nuevo lo que significa la Responsabilidad Social Empresarial”.
“No puede ser que un bien mayor, como la protección de la salud, se vulnere, y se vulnera además lo que es el precio justo, cuando el gobierno de ese entonces, planteó una congelación de precios. La fijación de ciertos precios como el test de covid y muchos precios subieron… Esta es una situación grave porque muchos pacientes no recibieron una cama compleja, con gases clínicos en pandemia y quedaron sin cama. Es decir, muchos murieron por no tener la atención que necesitaban”, concluyó Rosas.
