Chile enfrenta una crisis que desafía a todos los poderes del Estado, a las policías, la Fiscalía y a toda la comunidad. Según el informe 2023 de Paz Ciudadana, el temor a ser víctima de un delito alcanzó su nivel más alto en 23 años. La falta de confianza en la sociedad chilena, sumada a la inseguridad, está erosionando el desarrollo económico y social del país.
Hay varios factores por considerar. No existe una reinserción efectiva de los delincuentes en las cárceles y urge una mayor colaboración entre las policías y la Fiscalía para garantizar respuestas eficaces. Se deberían establecer indicadores comunes para medir el éxito de la persecución delictual. No basta con detener, es necesario condenar.
La creación de una Fiscalía Supraterritorial podría mejorar la persecución de organizaciones criminales, si se le asignan competencias claras y personal suficiente. Además, es necesario modernizar el control de las medidas cautelares para fortalecer la vigilancia de espacios públicos e investigación de delitos. La responsabilidad penal de menores de edad y la inmigración ilegal también necesitan urgente un abordaje renovado.
Creo que todavía estamos a tiempo de revertir la situación, pero debemos actuar con determinación y acuerdos transversales. Cada víctima es una razón para movilizarnos hacia una política criminal de Estado y transparente, que recupere el cabal control de la seguridad pública en Chile.
