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Juan Manuel Fuenzalida y Cristhian Moreira acusaron que el Gobierno “se ha caracterizado por dejar siempre para el final las necesidades de los funcionarios de Gendarmería”.

La estatal dio a conocer las acciones concretas con las que se ha hecho cargo de las percepciones del impacto de sus operaciones, la manera en la que ha apoyado el desarrollo local y cómo ha promovido un relacionamiento territorial transparente y cercano, con una inversión total superior a los $470 millones.

 

Tras conocer las denuncias de un grupo de funcionarios de Gendarmería, quienes acusaron que desde hace ocho meses duermen en la lavandería del CIP-CRC de Tiltil y que deben convivir con ratones en las instalaciones dependientes del Sename, los diputados de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Cristhian Moreira oficiaron este miércoles al Ministerio de Justicia, para que dé explicaciones con respecto a las precarias condiciones en que deben trabajar los gendarmes y dé a conocer cuándo estará reparada la estructura que se vio dañada por un incendio en agosto de 2024.

Para los legisladores, la denuncia hecha por un grupo de gendarmes “sólo demuestra que este Gobierno se ha caracterizado por dejar siempre para el final, las necesidades laborales de los funcionarios de dicha institución, que están encargados de resguardar la seguridad de los recintos de régimen cerrado que dependen del Ministerio de Justicia”.

“La evidencia muestra que las condiciones de habitabilidad y sanitarias, no cumplen ni siquiera un estándar mínimo para el normal desarrollo de sus laborales”, continuaron los parlamentarios gremialistas, quienes recordaron además que los gendarmes “también necesitan disponer de instalaciones donde puedan descansar de forma adecuada, considerando el lugar donde está emplazado el recinto y el tipo de reclusos con quienes deben trabajar”.

Por último, Fuenzalida y Moreira señalaron que esperan tener información de “las jornadas de los gendarmes, pues estamos hablando de turnos de entre 15 a 20 días, con cinco de descanso. Sin embargo, las precarias condiciones de habitabilidad, sanitarias y de descanso, nos hacen dudar de que se estén respetando sus derechos laborales, lo que puede perjudicar su salud mental y física”.

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