El proyecto de resolución solicita al Presidente de la República fortalecer la presencia policial, crear equipos especializados para investigar delitos agropecuarios y desarrollar una estrategia nacional para enfrentar el crimen organizado en zonas rurales.
El diputado de la UDI e integrante de la comisión de Agricultura Daniel Lilayú, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de Seguridad Pública la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Seguridad Rural, junto con la creación de unidades policiales especializadas para prevenir e investigar los delitos que afectan crecientemente al mundo agrícola y ganadero del país.
La iniciativa surge ante el preocupante aumento de la delincuencia en sectores rurales, fenómeno que ha evolucionado desde delitos aislados hacia estructuras criminales organizadas que operan con altos niveles de violencia y sofisticación. Según antecedentes recopilados por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), más del 77% de las empresas agrícolas ha sido víctima de robos durante el último año, mientras que las pérdidas económicas para el sector superan los US$530 millones anuales.
“El campo chileno se siente abandonado. Miles de agricultores, pequeños productores y trabajadores rurales viven con temor permanente frente al robo de ganado, maquinaria agrícola y la usurpación de predios. No podemos permitir que existan chilenos de primera y segunda categoría dependiendo de dónde viven”, afirmó el diputado Lilayú.
El parlamentario gremialista explicó que una de las principales dificultades para enfrentar este fenómeno es la falta de especialización institucional. Actualmente, ni las policías ni el Ministerio Público cuentan con unidades dedicadas exclusivamente a la investigación de delitos rurales y agropecuarios, situación que dificulta la persecución efectiva de bandas organizadas que operan en amplios territorios del país.
Por ello, el proyecto propone reforzar la dotación de Carabineros en sectores rurales, especialmente en las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, además de impulsar la creación de unidades especializadas dentro de Carabineros y la Policía de Investigaciones, con personal capacitado para investigar abigeato, robo de maquinaria agrícola, usurpación de predios y otros delitos que afectan al sector productivo.
Asimismo, la resolución solicita establecer una mesa de trabajo entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público para promover la creación de una unidad especializada en delitos rurales, permitiendo fortalecer las capacidades investigativas y mejorar la persecución penal de estas organizaciones criminales.
Entre las medidas complementarias, la iniciativa plantea implementar sistemas de georreferenciación para los llamados de emergencia al 133, incorporar el delito de abigeato en las sesiones del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) y dotar a las policías de equipamiento técnico adecuado para la correcta identificación y persecución de estos ilícitos.
“Quienes trabajan la tierra producen los alimentos que llegan a la mesa de todos los chilenos. Merecen que el Estado esté presente y garantice condiciones mínimas de seguridad. Este proyecto busca entregar herramientas concretas para recuperar la tranquilidad en nuestros campos y devolver la confianza a quienes hoy sienten que denunciar no sirve de nada”, concluyó el diputado Daniel Lilayú.
