La parlamentaria destacó que el principio de “proporcionalidad” fuera reemplazado por el de “racionalidad” y que se prohibiera suspender a los efectivos que están siendo investigados.
La diputada Marlene Pérez expresó su respaldo al proyecto de ley que regula las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), destacando que este otorga mayor certeza a los funcionarios policiales y militares en el ejercicio de sus funciones. La parlamentaria subrayó la importancia de reemplazar el principio de “proporcionalidad” por el de “racionalidad” y valoró que se prohíba la suspensión de efectivos policiales investigados mientras no haya una resolución definitiva.
Tras la conmemoración del 98° aniversario de Carabineros de Chile, la diputada por la Región del Biobío reafirmó su compromiso con la seguridad nacional, indicando que este proyecto busca proporcionar garantías claras a los funcionarios encargados de mantener el orden público. “Es fundamental que nuestros policías y militares puedan actuar con confianza, sabiendo que cuentan con respaldo político y legal. Este proyecto es una herramienta clave en tiempos donde la seguridad está gravemente amenazada”, sostuvo Pérez.
Uno de los aspectos que más destacó fue el cambio del principio de proporcionalidad por racionalidad, lo que, según la parlamentaria, permitirá evaluar el uso de la fuerza de acuerdo con el contexto en lugar del grado de agresión recibido. Además, criticó una indicación promovida por el Gobierno que proponía un uso diferenciado de la fuerza para ciertos grupos, argumentando que esto atentaría contra la igualdad ante la ley y podría inhibir el actuar policial. “Este tipo de diferenciaciones generan un trato desigual y complican la labor de quienes deben velar por la seguridad de todos”, enfatizó.
La diputada también lamentó que no se alcanzara el quórum necesario en el Senado para que estas causas sean revisadas por la justicia militar. No obstante, valoró que se incluyeran disposiciones como la autorización del uso de fuerza letal para proteger infraestructura crítica y la prohibición de suspender a efectivos policiales y militares mientras son investigados. “Tal como ocurrió con la Ley ‘Nain-Retamal’, este proyecto se convertirá en un segundo chaleco antibalas para nuestras fuerzas de seguridad, otorgándoles el respaldo necesario frente al crimen organizado y el terrorismo”, concluyó Marlene Pérez.
