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Diputados UDI piden al CDE querellarse por los más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica y ofician a la Contraloría para que inicie sumarios

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Felipe Donoso, Daniel Lilayú y Flor Weisse calificaron como un “fraude masivo” el uso irregular de más de 35 mil licencias médicas entre 2023 y 2024 y anunciaron acciones para que se investigue caso a caso.

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, Daniel Lilayú y Flor Weisse, anunciaron que solicitarán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se querelle contra los más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. Además, comunicaron el envío de un oficio a la Contraloría General de la República para que inicie los sumarios correspondientes y se identifique a los responsables.

La información fue revelada por la propia Contraloría, tras un cruce de datos entre la Policía de Investigaciones (PDI), las bases de datos de funcionarios públicos, y los registros de licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. El estudio detectó más de 35.585 licencias presuntamente irregulares, con un promedio de reposo de 17,7 días. Un 69% de ellas corresponde a usuarios de Fonasa y un 31% a Isapres.

Al respecto, el diputado Felipe Donoso argumentó que “es inaceptable la falta de control en los organismos públicos. Estamos hablando de 25 mil personas que utilizaron licencias médicas para salir del país, muchas veces con pleno conocimiento de sus jefaturas. Esta es plata de todos los chilenos. El 60% de estas licencias las financia Fonasa, con fondos que deberían destinarse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos para personas en listas de espera. Esto es un fraude al Estado y debe tener consecuencias civiles y penales. No podemos seguir financiando vacaciones con recursos públicos.”

A su vez, el diputado Daniel Lilayú sostuvo que “aquí hay un abuso grosero. Se trata de funcionarios públicos que, usando licencias presumiblemente fraudulentas, viajaron fuera del país. Es un robo a los recursos de todos los chilenos, y además daña profundamente la fe pública. Pero también hay que investigar a quienes emitieron esas licencias médicas. No puede haber impunidad.”

En la misma línea, la diputada Flor Weisse subrayó que “esto es gravísimo. Estamos ante un uso indebido de un instrumento público como son las licencias médicas, por parte de personas que deberían dar el ejemplo. Mientras tanto, hay chilenos realmente enfermos que no tienen acceso a licencias, o deben esperar meses para que se las paguen. Aquí no puede haber tolerancia. Los responsables deben asumir las consecuencias y devolver los recursos mal utilizados.”

Para finalizar, los parlamentarios gremialistas también llamaron al Ministerio de Hacienda a tomar medidas para recuperar los recursos defraudados, y anunciaron que impulsarán una revisión al sistema de emisión y fiscalización de licencias médicas para impedir que se repitan estos hechos.

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