El presidente de la comisión de Vivienda, Juan Manuel Fuenzalida, junto con el diputado por Valparaíso, Hotuiti Teao, oficiaron al órgano para que se pronuncie sobre el incumplimiento del servicio, que aseguró que el desalojo debe ser “ejecutado” por la familia de la víctima.
El presidente de la comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara Baja, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), junto con el diputado por la Región de Valparaíso, Hotuiti Teao (Ind. UDI), oficiaron a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la polémica decisión que tomó el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en relación con el terreno que está ubicado en la comuna de Quilpué y que pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, quien perdió la vida en mayo de 2020 tras ser asesinado por un sicario fuera de su casa en Concón.
El caso volvió a la luz pública esta semana, luego que la hija de la víctima, Valentina Correa, recordara que durante este mes se iba a cumplir un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cumplir una resolución que ellos mismos emitieron en 2021, en la que ordenaron demoler la toma ilegal que se levantó en dicho terreno.
Sin embargo, lejos de comprometerse a cumplir con la medida y aludiendo a lo que establece un protocolo de Derechos Humanos dictado por la Corte Suprema, el Serviu respondió que antes de proceder con la demolición del asentamiento se debía desalojar a las familias involucradas, lo cual -aseguraron- debe ser “solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado”.
Por lo mismo, junto con calificar como “insólita” e “indolente” dicha respuesta, los diputados Teao y Fuenzalida solicitaron a la Contraloría que pueda emitir un pronunciamiento sobre este caso, en particular por el actuar que ha mantenido el organismo, el que a juicio de ambos parlamentarios “ha mostrado una conducta omisiva grave al negarse a cumplir un acto administrativo dictado por ellos mismos, sin que se hiciera referencia al presunto deber de los propietarios de realizar el desalojo”.
“Pareciera que el Serviu se olvidó de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya rechazó los mismos argumentos que hoy están esgrimiendo para negarse a cumplir con la propia resolución que ellos emitieron. En esa ocasión, el servicio nuevamente aludió -de manera absolutamente insólita, a nuestro entender- a que debía ser la familia Correa la que ejecutara el desalojo del terreno, lo que es francamente inentendible. Pero además, la misma resolución del Serviu establece la posibilidad de disponer el auxilio de la fuerza pública para concretar la demolición. Por lo tanto, nos parece que resulta fundamental que la Contraloría General de la República pueda emitir un pronunciamiento al respecto, porque estamos convencidos de que han actuado de manera omisiva al incumplir no sólo su propia resolución, sino que incluso un fallo judicial”, señalaron los diputados de la Bancada UDI.
En ese sentido, Fuenzalida y Teao también aludieron a la propia petición que el Serviu le hizo el 27 de marzo pasado al Minvu, en la que le solicitó un traspaso de $100 millones para así concretar la demolición de las casas levantadas en el terreno, fijando como plazo el primer semestre de este año.
Por lo tanto, además de insistir en la importancia de que el órgano contralor emita una respuesta, ambos parlamentarios también solicitarán que, si se confirma un actuar omisivo o irregular, se instruya al Serviu a ejecutar “a la brevedad posible” el desalojo del terreno y la posterior demolición de las casas. “El deber del Gobierno es estar del lado de las víctimas y no velar por los intereses de los usurpadores, que es lo que lamentablemente estaría ocurriendo”, concluyeron Fuenzalida y Teao.
