El candidato a diputado por el Distrito 6, Percy Marín, reaccionó con dureza a la decisión del Gobierno de otorgar urgencia al proyecto de aborto libre. A su juicio, mientras La Moneda impulsa con premura una iniciativa que pone fin a vidas inocentes, guarda silencio frente a sanciones efectivas para los delitos más graves que golpean a las familias chilenas. Marín emplazó al Gobierno a abrir también el debate sobre penas ejemplares, incluida la discusión sobre la pena de muerte a criminales.
Según Amnistía Internacional, son 55 los países que hoy tienen pena de muerte para delitos comunes, y Chile no está en esa lista. Dado que que en 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos se publicó la ley 19734 que modificó el código penal, la cual permitió que la pena de muerte fuera sustituida por presidio perpetuo calificado, sólo se les podrá conceder la libertad condicional una vez cumplidos 40 años de privación de libertad efectiva.
Percy Marín en este contexto abre el debate sobre si se podría volver a aplicar. “Hoy Chile está atado por tratados internacionales que, una vez abolida la pena de muerte, impiden reinstalarla. Pero en Chile la pena de muerte no ha sido abolida, permanece vigente para delitos militares en tiempos de guerra, por lo que con una ley de quorum calificado, tal como lo establece la constitución, podríamos reponerla, y si no fuera así, abramos el debate respecto a los tratados internacionales, que vulneran nuestra autodeterminación; sobre todo frente a crímenes aberrantes, como violación con homicidio o asesinatos reiterados, debemos atrevernos a discutir sanciones realmente ejemplares.
Hay delitos donde el castigo máximo no sólo es justo, es un deber con las víctimas y con la sociedad, afirmó Percy Marín.
El ex Consejero Regional recordó que, en Chile, los crímenes violentos han experimentado un alza sostenida: Según el informe emanado por la Fiscalía Nacional, las cifras más complejas se dieron a nivel comunal, donde Valparaíso y Viña del Mar aparecieron entre las siete comunas con más crímenes perpetrados durante el año 2024, mientras que los delitos sexuales contra menores mantienen tasas preocupantes de reincidencia.
Marín señaló que “si el Gobierno insiste en legislar sobre el término de vidas inocentes, también debe abrirse el debate sobre penas ejemplares, incluso la discusión sobre la pena de muerte de criminales que violan y asesinan. La propia Fiscalía en el marco de la Cuenta Pública confirma que 2024 cerró con 50.070 delitos sexuales en Chile, un alza estremecedora. Hablamos de 56.343 víctimas, y más de 39 mil son niños y adolescentes. Esto no es una estadística más: es un golpe brutal a la conciencia nacional. Si el Gobierno no responde con todo el rigor de la ley, estamos condenando a una generación a vivir con miedo. Basta de tibiezas: protección real y penas ejemplares para los agresores. La ciudadanía exige justicia real, no discursos”.
