La parlamentaria solicitó a la Delegación Presidencial de La Araucanía y al Ministerio de Seguridad Pública transparentar los antecedentes que fundamentaron la medida, informar si existieron gestiones para revisar la calificación y esclarecer las condiciones impuestas al velatorio y sepultación.
La diputada por La Araucanía, Coca Ñanco, ofició a la Delegación Presidencial Regional y al Ministerio de Seguridad Pública para solicitar antecedentes sobre la calificación como de alto riesgo del funeral de Gabriel Eduardo Utreras Sanhueza, fallecido durante un procedimiento policial ocurrido la madrugada del 17 de agosto en el sector de Maquehue, comuna de Padre Las Casas.
La solicitud busca conocer los fundamentos de la resolución y determinar si la Delegación Presidencial revisó o evaluó modificar posteriormente la calificación, considerando que la normativa vigente le entrega la facultad de hacerlo en caso de recibir nuevos antecedentes.
En particular, la parlamentaria pidió informar si existieron solicitudes, gestiones o conversaciones destinadas a modificar la calificación de riesgo de alto a moderado; quiénes participaron de ellas; qué antecedentes fueron puestos posteriormente en conocimiento de la autoridad y, en caso de que la medida no haya sido revisada, cuáles fueron los fundamentos para mantenerla.
“Lo que estamos pidiendo es algo muy básico: transparencia y explicaciones. Queremos saber con qué antecedentes se calificó este funeral como de alto riesgo, por qué no se habría concretado el velatorio de 24 horas que se informó públicamente y, especialmente, si existieron nuevos antecedentes, por qué la Delegación Presidencial no revisó esa decisión”, señaló la diputada Ñanco.
El oficio también busca esclarecer las condiciones en que se desarrolló el funeral. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la diputación, públicamente se habría informado de la autorización de un plazo de 24 horas para realizar el velatorio. Sin embargo, testimonios entregados por la familia indican que esa posibilidad no se habría concretado en la práctica, por lo que Ñanco solicitó informar si dicho plazo fue efectivamente comunicado y garantizado a los familiares.
“Cuando el Estado adopta medidas que restringen de esta manera a una familia, tiene la obligación de fundamentarlas con criterios objetivos de seguridad y orden público. Lo que no podemos permitir es que decisiones de esta naturaleza estén atravesadas por prejuicios respecto del origen social, cultural o comunitario de una persona. Por eso hemos oficiado: porque aquí debe quedar absolutamente claro cuáles fueron los criterios utilizados y si se actuó con pleno respeto al principio de igualdad ante la ley”, agregó la parlamentaria.
Finalmente, Ñanco solicitó al Ministerio de Seguridad Pública remitir el informe técnico elaborado por Carabineros que sirvió de antecedente para calificar el funeral como de alto riesgo, siempre que su entrega no afecte la investigación penal en curso. Asimismo, pidió informar cuál fue la participación de la institución policial en la definición de las condiciones establecidas para el velatorio, traslado, trayecto y sepultación.
