Octubre es el Mes de la Ciberseguridad y en nuestro país la conmemoración llega en un momento crítico. En 2024 se registraron más de 27.600 millones de intentos de ciberataques, frente a los 6.000 millones del año anterior, según FortiGuard Labs. También se bloquearon 8,3 millones de ataques de malware, 14 millones de intentos de phishing y cerca de 29.000 eventos de ransomware. El crecimiento no es solo numérico. Y es que el cibercrimen organizado y el uso de inteligencia artificial en ataques subieron un 30 % en el último año.
Frente a este escenario, el país no se ha quedado de brazos cruzados. La Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica (Ley N° 21.663) ya obliga a entidades públicas y empresas esenciales a cumplir estándares, reportar incidentes y fortalecer su resiliencia. La creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) representa otro hito, en el sentido de que concentra la capacidad de fiscalizar, regular y coordinar, algo impensado hace apenas un par de años. Incluso, ya emitió su primera instrucción general que obliga el registro y reporte de incidentes.
Pero, los números demuestran que las vulnerabilidades siguen siendo profundas. Un informe nacional estableció que cerca del 90 % de los ataques tuvieron un impacto grave, mientras que el error humano estuvo presente en casi la mitad de los incidentes. Además, las pequeñas y medianas empresas están en desventaja, al estimarse que el 90 % de las PYMEs chilenas no cuentan con preparación suficiente para enfrentar un ciberataque.
Esto plantea tres desafíos inmediatos. Primero, cerrar la brecha de talento. Es decir, Chile necesita más especialistas en respuesta a incidentes, auditores y expertos en derecho digital. Segundo, apoyar a las PYMEs, que no siempre cuentan con recursos ni equipos de seguridad dedicados. Y tercero, fomentar una cultura de prevención ciudadana, porque la tecnología por sí sola no basta. La formación de usuarios es clave.
Chile tiene todas las condiciones para continuar su evolución hacia la transformación que se requiere y consolidarse como un referente regional en ciberseguridad. Avanzar en esta dirección permitirá fortalecer la confianza digital, proteger la economía y garantizar una institucionalidad resiliente y preparada para los desafíos del futuro.
