La reciente suspensión de exportaciones avícolas en Argentina, la emergencia sanitaria decretada en Uruguay y la máxima alerta en Paraguay por brotes de influenza aviar altamente patógena (IAAP) evidencian una realidad conocida en producción animal: las enfermedades no reconocen fronteras y sus efectos trascienden lo sanitario.
En Chile, la avicultura es estratégica para la seguridad alimentaria. El país produce del orden de 700 mil toneladas anuales de carne de ave y más de 360 millones de huevos mensualmente para consumo, constituyéndose en una de las principales fuentes de proteína animal para la población. Además, genera miles de empleos directos e indirectos y aporta estabilidad a numerosas economías regionales.
Durante el brote de influenza aviar H5N1 ocurrida entre 2022 y 2023, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) debió implementar estrictas medidas de control, incluyendo sacrificio sanitario y restricciones comerciales. Según un informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), las pérdidas por este evento superaron los 84 mil millones de pesos, afectando producción, empleo y exportaciones. La rápida respuesta permitió recuperar el estatus sanitario, pero el episodio dejó una lección clara: la prevención es menos costosa que la contención. Actualmente, Chile se mantiene libre de influenza aviar, con un programa permanente de monitoreo a nivel nacional.
Desde el punto de vista científico, la dinámica del virus asociada a aves migratorias y su capacidad de adaptarse a distintas especies, obliga a mantener sistemas de vigilancia epidemiológica permanentes. La bioseguridad no puede ser reactiva ni depender del contexto internacional, debe ser una cultura productiva constante, tanto en planteles industriales como en la crianza a pequeña escala de aves, sin fines industriales.
En este contexto, la coordinación público-privada es fundamental. La articulación entre autoridades sanitarias, sector productivo, academia y organismos internacionales permite anticipar escenarios y fortalecer capacidades técnicas antes de que los brotes crucen fronteras. La vigilancia basada en evidencia científica, el intercambio oportuno de información y la capacitación continua de productores son pilares que no pueden debilitarse cuando disminuye la percepción de riesgo.
Es igualmente importante comunicar con claridad que la gripe aviar no se transmite por el consumo de carne de ave ni de huevos que han sido correctamente manipulados y cocidos. El riesgo está en el contacto directo con aves infectadas. La desinformación puede generar impactos económicos injustificados y dañar a productores que cumplen estándares sanitarios rigurosos.
Lo que actualmente ocurre en el Cono Sur es una advertencia. En un escenario de integración comercial y movilidad de fauna silvestre, ningún país es una isla sanitaria. Fortalecer la cooperación regional, invertir en vigilancia y consolidar la sanidad animal como política de Estado no solo protege exportaciones: resguarda la seguridad alimentaria y la estabilidad productiva del país.
La gripe aviar no debe abordarse solo como contingencia. Es un recordatorio de que la salud animal es un bien público que exige ciencia, coordinación y compromiso permanente.
