La investigación se realiza con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Santiago.
La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal González, obtuvo prisión preventiva para Brandon Millacán Pinilla, quien fue formalizado por 22 delitos de estafas reiteradas, uso malicioso de instrumento privado mercantil y asociación delictiva. Otra imputada, Scarleth Martínez San Martín, miembro de la agrupación delictual, fue formalizada por una estafa y quedó con prohibición de salir del país y con arresto domiciliario.
La fiscal (s) explicó que junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Santiago investigan a una asociación delictiva dedicada a cometer estafas en el país asociada a la compra y venta de vehículos.
Detalló que “esta agrupación delictual supuestamente compra automóviles a víctimas, a las que les pagan con cheques sin fondo, robados o de cuentas corrientes cerradas. Luego venden estos vehículos a otras víctimas, quienes pagan en efectivo en la creencia equivocada de estar comprando un bien que ha sido adquirido legítimamente por los imputados”.
Esta actividad se ha realizado en distintas ciudades del país, entre éstas Chillán, Ovalle, Talca, San Javier, Valdivia, y diversas comunas de la región Metropolitana, reuniéndose para tal fin a lo menos seis imputados, cada uno con funciones específicas y determinadas.
La fiscal (s) expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, argumento que fue acogido por el Juzgado de Garantía de Chillán al decretar su prisión preventiva.
Por esta investigación ya hay otro miembro de la agrupación delictual en prisión preventiva. Se trata de Úrsula Astete San Martín, quien fue formalizada el 16 de marzo pasado. Tanto esta mujer como el imputado de ahora cumplen un rol central en la ejecución de la estafa, siendo los encargados de materializar el engaño frente a las víctimas.
“Actúan como supuestos representantes del interesado en la compra de los vehículos, concurriendo personalmente a reunirse con las víctimas, inspeccionando los móviles y negociando sus condiciones, simulando un real interés y capacidad de pago”, precisó la fiscal (s) Valentina Hormazábal.
