Lo ocurrido en Calama y tantos otros episodios de violencia en colegios nos impacta como sociedad y nos demanda, como sistema educativo, a revisar cómo estamos abordando la convivencia escolar a nivel educativo.
Aun cuando existen políticas orientadas a la convivencia educativa, las respuestas al interior de muchos recintos han tendido al control más que a la prevención. Detectores de metales y otros recursos tecnológicos permitidos en la Ley de Convivencia Escolar publicada en el Diario Oficial, pueden ser necesarias, pero resultan insuficientes si no se acompañan de una mirada socioemocional que promueva el buen trato, genere instancias de apoyo y contención, y se traduzca en planes de trabajo. No basta con identificar fallas puntuales; es necesario analizar las condiciones que permiten que estos hechos se gesten.
Fortalecer la convivencia exige equipos con tiempo, formación y presencia. El Encargado de Convivencia muchas veces se ve sobrecargado y requiere apoyo técnico especializado que contribuya a la promoción de la convivencia educativa, intervenga oportunamente y sostenga conflictos en el día a día. El desafío no es solo reaccionar, sino anticipar y brindar una formación integral, desde el vínculo y el cuidado con la familia deseablemente, sin embargo, asumiendo que muchas veces esta última se encuentre ausente.
La tarea es recuperar la escuela como la primera institución socializadora del ser humano. Necesitamos profesionales que no solo dominen su asignatura, sino que tengan las herramientas para construir comunidad. Si no garantizamos un entorno saludable hoy, estaremos negándoles la capacidad para construir una sociedad más sana.
