El diputado PPD, José Montalva, con el respaldo de la Bancada PPD-Independientes ofició a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y de Educación, María Paz Arzola, para que informen sobre eventuales ajustes presupuestarios que afectarían prestaciones fundadas en derechos adquiridos y garantías fundamentales.
Una circular despachada por el Ministro Quiroz identifica 15 programas con recomendación de descontinuación en el Ministerio de Educación, distribuidos en 4 servicios.
Resulta especialmente grave la recomendación de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Este programa entrega durante el año escolar productos alimenticios —desayunos, almuerzos, onces, colaciones y cenas según corresponda— a estudiantes en condiciones de desventaja social, económica, psicológica o biológica, desde pre-kínder hasta enseñanza media de adultos.
Tambien sería grave la eliminación del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que implicará que muchos municipios se van a quiebra en el ámbito educación, ya que podría impedir que se paguen recorridos de transporte escolar rural, luz, agua o parte de sueldos. Este programa transfiere recursos directamente a los 32 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para fortalecer la educación administrada por el Estado.
El impulsor del oficio de la Bancada, el diputado José Montalva, indicó que «aquí hay que decir las cosas como son: el ajuste fiscal no es neutro, alguien lo paga. Y hoy el Gobierno pareciera está decidiendo que lo paguen los niños más vulnerables, quitándoles algo tan básico como su alimentación diaria. Esto no es un recorte técnico, es una decisión política que cruza una línea. Por eso oficié al Ejecutivo: que expliquen con claridad cómo justifican eliminar un programa que para miles de niños es, simplemente, su única comida segura del día».
Por su parte, el diputado PPD, Carlos Carvajal, manifestó que «como parlamentario y profesor, manifiesto mi profunda preocupación ante este desmantelamiento del sistema educativo. Eliminar programas críticos como la alimentación escolar, el fondo de apoyo a la educación pública, no es un simple ajuste, es un golpe directo a la movilidad social de los sectores más vulnerables. El presidente Kast quiere renunciar a su deber de garantizar un futuro digno, castigando injustamente a familias y precarizando las bases educativas de nuestro país y de nuestra región. Esta es una indolencia, es un mazazo a la educación».