El Día Nacional del Emprendimiento en Chile invita a mirar no solo el valor simbólico de quienes levantan un negocio propio, sino también las condiciones reales que enfrentan para sostenerlo. Este año, la conmemoración llega en un contexto especialmente desafiante para Chile: una tasa de desempleo de 8,3%, altos niveles de informalidad y una persistente sensación de inseguridad que impacta directamente la actividad comercial.
En ese escenario, las propuestas impulsadas por el Gobierno del presidente José Antonio Kast para las pymes y microempresas adquieren una relevancia que va más allá de la coyuntura. No se trata únicamente de medidas económicas, sino de una apuesta política por reposicionar al emprendimiento como motor de reactivación, empleo y movilidad social.
El primer eje de esta agenda está puesto en la liquidez. Para miles de pequeños emprendedores, el principal problema no siempre es la falta de ideas, sino la falta de caja para sostener operaciones, pagar proveedores o contratar personal. En esa línea, medidas como el aplazamiento del pago del IVA hasta el día 30 de cada mes, la posibilidad de postergar una vez al año este impuesto sin multas ni intereses, o calcularlo según la fecha efectiva de pago de la factura, representan un alivio concreto. Son decisiones que buscan dar oxígeno financiero a negocios que, muchas veces, viven al límite.
A ello se suma la propuesta de perfeccionar la Ley de Pago a 30 Días, especialmente en la relación con el Estado. Para las pymes, recibir pagos oportunos por servicios prestados al sector público no es un detalle administrativo: puede marcar la diferencia entre crecer o cerrar. La idea de que el propio fisco asuma ciertas retenciones tributarias en contratos públicos apunta precisamente a reducir una carga que históricamente ha afectado a los pequeños actores.
Un segundo aspecto clave es la simplificación del entorno regulatorio. La promesa de avanzar hacia una digitalización total del Estado y reducir la burocracia responde a una demanda histórica del mundo emprendedor. Menos trámites, procesos más ágiles y mayor certeza institucional no solo mejoran la productividad, sino que también incentivan la formalización, uno de los desafíos estructurales del mercado laboral chileno.
La propuesta de flexibilizar la aplicación de la jornada de 40 horas para las pymes abre, además, un debate relevante. Más allá de las legítimas diferencias sobre la medida, el punto de fondo es cómo equilibrar protección laboral con condiciones que permitan a pequeños negocios contratar y expandirse sin que los costos terminen frenando su crecimiento.
Pero quizás uno de los elementos más sensibles es el vínculo entre seguridad y emprendimiento. Para muchos comerciantes y pequeños empresarios, la delincuencia se ha transformado en un costo permanente: gastos en protección, cierres anticipados, pérdida de clientela y deterioro de barrios comerciales.
En ese sentido, recuperar espacios públicos y combatir el comercio ilícito también forma parte de una agenda de reactivación económica.
En definitiva, el desafío no es solo celebrar el emprendimiento, sino generar las condiciones para que emprender vuelva a ser una vía real de progreso. En un país marcado por el estancamiento y la incertidumbre, fortalecer a las pymes es también fortalecer a las familias que dependen de ellas. Hoy más que nunca, reactivar Chile pasa por devolver oportunidades a quienes todos los días apuestan por salir adelante.
