El Crédito con Aval del Estado (CAE) cumplió 20 años desde su creación en 2005, permitiendo que más de un millón de estudiantes accedieran a la educación superior, muchos de ellos sin otra alternativa de financiamiento. Hoy, sin embargo, ese mismo instrumento enfrenta una crisis de pago que el Estado recién comienza a abordar con medidas concretas de cobranza.
Ante este escenario, Acción Educar elaboró un estudio con datos de la Comisión Ingresa a diciembre de 2025, en el cual entrega la radiografía de quiénes son, cuánto deben y por qué no pagan los 693 mil deudores morosos del CAE.
Lo primero que muestra el documento es que la deuda es más manejable de lo que el debate público suele sugerir. En este sentido, más de la mitad de los deudores -el 53,9%- debe menos de $7 millones, mientras que el 25,3% tiene una deuda inferior a los $3 millones y solo el 4,2% supera los $30 millones. Asimismo, la cuota mensual promedio es de $59.053 y el 74,3% del universo enfrenta pagos inferiores a $80.000 al mes. De esta forma, apenas el 1,7% paga más de $200.000.
La investigación también demostró que a diciembre de 2025, de los 966.795 deudores que ya tienen el crédito exigible, solo el 26,1% está al día. Por el contrario, el 61,4% tiene la garantía ejecutada o el crédito acelerado, lo que implica que el Estado ya asumió la deuda como acreedor. En términos de montos, el 72,1% de los saldos exigibles corresponde a personas con tres o más cuotas impagas o garantía ejecutada.
El perfil de quienes no pagan también desafía las narrativas más instaladas, pues del total de 693.710 deudores morosos, el 72,5% egresó de su carrera, mientras que solo el 27,5% son desertores. El 41% estudió en un instituto profesional y el 34,4% en una universidad privada no perteneciente al CRUCH.
«Estos números permiten afirmar con evidencia que el problema del CAE no es principalmente de capacidad de pago. El moroso típico terminó su carrera y enfrenta una cuota que en la mayoría de los casos no supera los $80.000 al mes», señaló Javiera Pavišić, investigadora a cargo del estudio.
Decisiones políticas influyen en el comportamiento de pago
En la investigación también se incluye un análisis histórico del comportamiento que han tenido los morosos ante las distintas decisiones políticas. En este sentido, se evidencia que la reforma del expresidente Piñera en 2012, que redujo la tasa de interés del crédito de 6% a 2%, produjo una caída sostenida de la morosidad que se mantuvo hasta 2016, cuando se instaló la política de gratuidad.
Por el contrario, el punto de inflexión más pronunciado llegó a inicios de 2022. Tres meses después de la elección del expresidente Gabriel Boric, la morosidad saltó 9 puntos porcentuales en un solo trimestre, la variación más alta registrada en toda la serie histórica. Ese aumento equivalió a cerca de 80.000 nuevos deudores morosos, el 89% de ellos egresados.
«El comportamiento de pago ha sido históricamente sensible a las señales que vienen desde la política. Ciertos hitos generan cambios abruptos en los incentivos que luego son muy difíciles de revertir, como lo fue la llegada del expresidente Boric al poder, quien permanentemente durante su trayectoria política y con más fuerza durante su campaña cuestionó la legitimidad del CAE y prometió la condonación de las deudas asociadas a este, lo cual produjo un aumento de morosidad de 9 puntos porcentuales en tan solo tres meses», apuntó Pavišić.
4 billones de deuda, 0,2% recaudado
A fines del año pasado, la Tesorería General de la República es acreedora del 59% del total de los saldos adeudados por deudores morosos, equivalente a cerca de 4 billones de pesos, aproximadamente 4.400 millones de dólares y entre 1,3 y 1,5 puntos del PIB. Lo recaudado hasta la fecha representa apenas el 0,2% de ese total, lo que da cuenta de la magnitud del desafío que enfrenta el Estado.
Ante esta situación, y con el objetivo de mejorar esa recaudación, el estudio plantea dos propuestas. «La primera es habilitar el cruce de bases de datos entre la Comisión Ingresa y organismos como el SII, SERVEL y PREVIRED. Hoy, el ente administrador del crédito no tiene acceso a información tan básica como la dirección, el teléfono o el correo actualizado de los deudores, lo que limita severamente cualquier gestión de cobranza», asegura Constanza Lara, directora legal de Acción Educar.
«La segunda apunta a que los beneficios de contingencia al ingreso y de cesantía operen de forma automática, sin requerir solicitud del deudor. En este sentido, si el Estado ya tuviese acceso a la información tributaria, no hay razón para que estas protecciones no se activen solas. Sería más justo para el deudor y reduciría la morosidad estructural a largo plazo», concluye la abogada.
