El denominado “Plan de Reconstrucción Nacional” impulsado por el gobierno se presenta como una respuesta ágil frente a las crisis que atraviesa el país. Sin embargo, bajo esa atractiva narrativa de urgencia, subyace una pregunta: ¿reconstrucción a costa de qué territorios y de quiénes?
Reconstruir trasciende la mera edificación de infraestructura; implica restaurar el delicado tejido que une a las comunidades con los ecosistemas que las sostienen. Y es en esa dimensión donde este tipo de propuestas suelen fracasar. La promesa de agilizar permisos y “destrabar” inversiones suena razonable en el papel, pero en contextos de alta fragilidad socioambiental, la velocidad no es neutral: es una toma de posición. Acelerar procesos se traduce, con frecuencia, en eludir la evaluación de impacto ambiental, marginar la participación ciudadana y sobrepasar la capacidad de carga de los entornos naturales. No estamos ante un ajuste técnico, sino ante una reconfiguración en la distribución del riesgo y el poder.
Chile conoce este patrón. Las zonas de sacrificio, la crisis hídrica y la expansión de actividades en ecosistemas frágiles han demostrado empíricamente que los costos del deterioro ambiental nunca se reparten de forma equitativa. Son las comunidades rurales y periféricas las que terminan perdiendo sus medios de vida y absorbiendo los impactos de decisiones tomadas a kilómetros de sus realidades. Una reconstrucción que arrasa con el entorno natural para levantar cemento no reconstruye: simplemente redistribuye y profundiza los daños sociales.
A este escenario se suma una ceguera inexcusable: la crisis climática. Chile no enfrenta emergencias aisladas, sino una transformación estructural marcada por la megasequía, el aumento de incendios forestales y la pérdida acelerada de biodiversidad. Reconstruir dando la espalda a los criterios de adaptación climática y resiliencia ecosistémica no solo es ineficiente; es una irresponsabilidad intergeneracional. El desafío no radica en pavimentar más rápido, sino en hacerlo mejor: protegiendo humedales, integrando soluciones basadas en la naturaleza y proyectando una planificación territorial que entienda que un medio ambiente sano es nuestra principal barrera de defensa.
La gobernanza es otro foco de alarma. Las leyes misceláneas tienden a centralizar decisiones y asfixiar los espacios de deliberación local, ignorando el conocimiento vital que las comunidades tienen sobre su propio entorno. La evidencia es categórica: los proyectos que se imponen sin participación temprana y sin respeto por las dinámicas ecológicas locales enfrentan mayores niveles de judicialización y conflicto socioambiental. Lo que hoy se disfraza de eficiencia termina engendrando lo contrario.
En el fondo, este debate trasciende la discusión sobre un cuerpo legal; es un cuestionamiento directo a nuestro modelo de desarrollo. ¿Buscamos reconstruir para aferrarnos a un sistema que depreda la naturaleza y nos hace más vulnerables, o para transitar hacia un paradigma justo y sostenible? La primera ruta es innegablemente más rápida a corto plazo; la segunda es más exigente, pero duradera.
Toda política pública en esta materia debe responder con honestidad a una disyuntiva final: ¿estamos resolviendo las crisis socioambientales o simplemente desplazando la devastación en el tiempo y la geografía? Si es lo segundo, abandonemos la ilusión: no estamos reconstruyendo, estamos pavimentando el camino hacia el colapso.
