En la misma sesión, la y los parlamentarios conocieron el trabajo que realiza la cartera para determinar qué proyectos de inversión serán paralizados en el contexto del recorte presupuestario.
Oficiar al ministerio de Salud para conocer mayores antecedentes del caso, fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud. Esto luego de escuchar a personal médico del hospital Claudio Vicuña de San Antonio, quienes hicieron ver cómo les ha afectado la desvinculación de la directora del recinto, Loreto Maturana.
Cabe considerar que la facultativa asumió la dirección del hospital en 2024, pero a finales de abril fue cuestionada su gestión tras incorporar al recinto, como subdirectora médica, a la exministra de Desarrollo Social, exsubsecretaria de Salud Pública, directora de Fonasa y del Instituto de Salud Pública (ISP), Jeannette Vega.
La exdirectora envió una carta a la Comisión, en la que expone su situación indicando que el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA) le solicitó su renuncia aduciendo “reiterados errores de conducción en la gestión y la necesidad de resguardar el correcto funcionamiento del establecimiento dada la pérdida de confianza”, lo que contrastaría con su evaluación positiva.
Tanto la afectada como parte del cuerpo médico aseguraron que esta decisión obedece a consideraciones políticas dado que se le pidió despedir a la doctora Vega, pero se negó. “Sentí que acceder a esa solicitud significaba transgredir principios básicos: la probidad, la igualdad de trato y la convicción de que los cargos técnicos deben evaluarse por capacidades y no por afinidades o costos políticos circunstanciales”, explicó en la carta Maturana.
En la instancia también participó el doctor Alex Gómez a nombre del cuerpo médico del hospital, quien solicitó al Ministerio de Salud que explique por qué se tomó una decisión contraria a los intereses del hospital, se reconsidere y restituya en su cargo a la directora. Además, se mencionó que 20 médicos del recinto presentaron su renuncia, las que se encuentran congeladas. A estas demandas se sumó el presidente del Colegio Médico (COLMED) de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre.
PÉRDIDA DE CONFIANZA
Por su parte en representación del Ministerio de Salud, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt reafirmó que la decisión respondió a pérdida de confianza y a gestiones deficientes. “En cuanto a los resultados del establecimiento, éste tenía un compromiso de cumplir un mínimo del 75% según el Balanced Scorecard (BSC) -herramienta de gestión-, pero después de la apelación, alcanzaron un 68%” indicó aclarando que “las renuncias de los médicos, hasta el momento, no se han concretado”.
Frente al caso la senadora Karol Cariola aseguró que “ha quedado claro no solo por la carta, sino también por el testimonio de los médicos, que es evidente que hubo una intervención ligada a razones políticas, pero este hospital tiene necesidades varias, no puede haber cambios permanentes. También no es fácil que los médicos vayan a trabajar a San Antonio, no podemos desperdiciar este recurso (…) Es un lujo tener una exministra de Salud en la subdirección médica del hospital”.
Por su parte, el senador Enrique Lee manifestó que “me quedo con que Contraloría se haga cargo de la decisión y se pueda medir si el hospital presenta buenos indicadores como se ha dicho. Creo que el tema se ha puesto en la agenda de manera desproporcionada”.
A su vez, la senadora Ximena Ordenes indicó que “la doctora Vega es médico y también militante de un partido. Ha estado en la política desde siempre. Hay una discusión político técnica donde se han transgredido códigos. Todo esto me preocupa porque hay 17 servicios de salud sin titular. Esto fue una decisión arbitraria y hubo prejuicio”.
El senador Diego Ibáñez planteó que “se genera temor en la población cuando los médicos del hospital renuncian o amenazan con renunciar. Creo que hay que poner en valor el trabajo en provincia. Una decisión no puede ser tomada de esa manera, debe ser gestionada políticamente”.
El presidente de la Comisión, el senador Juan Luis Castro coincidió en que “es pertinente reanalizar la desvinculación de la directora. Queremos plantear, con el rechazo del senador Lee, enviar un oficio al ministerio para que nos entreguen más antecedentes como también a la Contraloría”.
INVERSIONES
También la Comisión continuó revisando la rebaja del presupuesto del ministerio que ascenderá a 2,5%. Para ello escuchó a los equipos técnicos de la cartera y las demandas de gremios como la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS), la Confederación FENATS Unitaria, y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF), entre otros.
De esta forma, la ministra May Chomali aseguró que “no existía el programa de inversiones en el ministerio. Ahora estamos estudiando los proyectos que tenían algún grado de avance para priorizar. Esto lo daremos a conocer entre dos o tres semanas más. Hay que hacer ver que las obras contempladas por el gobierno pasado consideran el presupuesto 2026 y 2027, solo el 2028 podrían generarse nuevos proyectos”.
Desde lo técnico, explicaron que se trata de una rebaja de la base de continuidad a los Servicios de Salud, mejora de la gestión ausentismo y control de horas extras, eficiencia en las compras estratégicas de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), revisión del programa de contingencias operacionales y una serie de programas no ejecutados, por ejemplo, en la Atención Primaria de Salud (APS).
La Comisión acordó oficiar a la cartera para tener el detalle de los proyectos que serán postergados por región. Hoy están en ejecución 25 hospitales, 24 Centros de Salud Familiar (Cesfam) y 28 Centros Comunitarios de Salud Mental (Cosan).
En otro tema, la Comisión acordó sesionar en terreno, el martes 2 de junio, en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para conocer in situ los problemas con el uso de pabellones como bodegas, la atención de urgencia en pasillos y el riesgo de desplome, materias detectadas por la Contraloría.
