La Defensoría Penal Pública de Tarapacá logró una absolución en juicio oral, luego de demostrar que el acusado no tenía participación en los hechos investigados, en una causa vinculada a delitos de tráfico de drogas en la región.
Una defensa basada en la teoría de la falta de participación del acusado permitió que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique absolviera a un joven imputado en una causa vinculada a delitos asociados al tráfico de drogas, tras un juicio en el que la defensora penal pública Tamara Vargas Clementi logró desacreditar la imputación presentada por el Ministerio Público.
Durante el desarrollo del juicio, la defensa penal pública sostuvo una teoría absolutoria basada en la inexistencia de antecedentes suficientes que permitieran acreditar la participación del joven en los hechos investigados. En este sentido, se expuso que el acusado no mantenía un vínculo directo con la actividad ilícita, ni se encontraba en posesión de sustancias o elementos que permitieran establecer su responsabilidad penal.
Asimismo, se evidenciaron debilidades en la investigación, particularmente en la identificación de los supuestos responsables y en la interpretación de antecedentes levantados durante el procedimiento policial, lo que permitió instalar una duda razonable respecto de la participación del imputado en los hechos.
Este era uno de los típicos casos de persecución penal respecto de conductas sancionadas por la Ley de Drogas. Sin la intervención de una defensa activa, con una permanente comunicación con su defendido y una revisión minuciosa de la carpeta investigativa, se logró destruir la pretensión del ente persecutor en juicio oral. Nunca se accedió a las insistentes propuestas de terminar la causa por la vía del procedimiento abreviado, y la palabra del imputado fue valorada desde los primeros contactos con la Defensoría Penal Pública.
En este contexto, el tribunal resolvió absolver al acusado, concluyendo que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, su participación en el delito que se le imputaba, reafirmando así uno de los principios fundamentales del sistema penal: que ninguna persona puede ser condenada sin prueba suficiente.
Al respecto, la defensora penal pública Tamara Vargas señaló que “este resultado da cuenta de la importancia de una defensa técnica oportuna y rigurosa, que permita analizar en profundidad los antecedentes de una investigación y evidenciar cuando no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal”.
Desde la Defensoría Penal Pública se destacó que este tipo de resoluciones refuerzan el rol institucional de garantizar el derecho a defensa de todas las personas, velando porque los procesos penales se desarrollen con estricto apego a la ley y a los estándares de justicia, especialmente cuando se trata de imputaciones que pueden tener un alto impacto en la vida de quienes son investigados.
