Diversas irregularidades en la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) fueron detectadas por la Contraloría, luego de la revisión efectuada al proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento tramitados por dicha institución, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el Informe Final N° 80 de 2026, la CGR verificó que el INDAP no realizó acciones de fiscalización respecto de tres casos de beneficiarios de créditos de fomento que registraban antecedentes vinculados a actividades ilícitas en sus predios. Dos de esos casos correspondían a la existencia y cultivo de plantas de marihuana y, el otro, a usurpación de aguas. Ante ello, se instruyó al servicio reevaluar a los beneficiarios y reforzar la supervisión del uso de los recursos conforme a los fines del programa.
Incumplimientos en requisitos
Además, la Contraloría detectó otros casos de beneficiarios que no cumplieron con los requisitos establecidos para acceder a créditos de fomento. En particular, se constató que 10 personas registraban vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF (más de $128 millones) y dos presentaban un capital propio tributario superior a dicho umbral, lo que contraviene las condiciones de elegibilidad.
Asimismo, 16 personas beneficiadas por un total de $51.950.000 mostraron ingresos de actividades distintas a la explotación agrícola, como remuneraciones, honorarios o arriendos, lo que no se ajusta al requisito que señala que, para optar a este beneficio, la principal fuente de recursos debe ser, precisamente, la actividad agrícola.
Otra observación señala que 23 personas recibieron créditos por un total de $62.155.496 sin acreditar una forma de tenencia legítima de los predios declarados, figurando en su mayoría como “ocupantes” o bajo otras categorías no definidas, sin criterios claros para descartar eventuales irregularidades.
Registros sociales
El informe también evidenció debilidades en la verificación de la situación socioeconómica, ya que en ocho casos —que obtuvieron créditos por $51 millones— no se respetó el requisito de encontrarse entre el 0% y el 70% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares, mientras que otras 95 recibieron en total más de $503 millones y presentaban una calificación superior al 70%.
En relación con la acreditación de usuarios, se constató que 481 créditos fueron otorgados a personas individualizadas como pequeños agricultores hace más de cinco años, sin evidenciarse procesos de actualización o reevaluación periódica de su condición como beneficiarios del sistema.
Deficiencias en supervisión en terreno
La auditoría detectó también debilidades en las labores de fiscalización. De 566 créditos de corto plazo otorgados durante 2024, solo se realizaron 36 supervisiones en terreno, lo que representa un 6% del total, cifra inferior al 10% exigido por la normativa interna del INDAP.
En virtud de los hallazgos, la Contraloría instruyó al INDAP revisar los casos observados, evaluar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios y ejecutar los ajustes respectivos. Asimismo, el organismo deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos constatados.
