La cuenta pública de Valparaíso puede resumirse en una impresionante muestra de cómo se pueden gastar recursos, o como se dice ahora “invertir” con 712 iniciativas, con más de $115 mil millones de inversión en diversas áreas, haciendo parecer un balance contundente y sin ningún reproche mayor respecto a las autoridades asistentes. Pero gobernar una región no consiste solo en enumerar proyectos, ni menos cuando son de otros y el Gobernador convirtió la Gobernación Regional de Valparaíso en un mero órgano revisor, sin agenda propia, siendo en definitiva el segundo piso del presupuesto de los municipios.
Pero lo más grave no es que finalmente Mundaca tiene convertida la Gobernación en la Oficina de Partes de la billetera regional, sino lo que se le olvidó u omitió exponer a los asistentes. Porque una cuenta pública real, debe contar todo, lo bueno y lo malo, o al menos esa es mi perspectiva de lo que debe ser una cuenta pública.
Olvidó referir la auditoría ejecutada por la Contraloría mediante el Informe Final N° 152-2025, de 14 de abril de 2026, al Gobierno Regional de Valparaíso que es reveladora y contundente. Se revisó transferencias directas al sector privado entre 2021 y 2023, además de gastos rendidos hasta 2024. Constató la ausencia de manuales de procedimientos formalizados y sistemas de información integrados, con registros en Excel y prácticas manuales. Es decir, se transferían recursos públicos significativos sin un aparato de control acorde a la magnitud del presupuesto.
Una cuenta pública real no puede ser solo una vitrina del gasto, también debe explicar cómo controla, cómo fiscaliza y qué hace cuando el órgano contralor observa el uso de los recursos públicos. De lo contrario, la cuenta pública pasa a ser propaganda y un escondite de una mala gestión.
Contraloría revisó minuciosamente un universo de 90 iniciativas por $21.505.953.095, y una muestra de 14 iniciativas por $10.101.647.784, equivalente al 46,97% del universo auditado. Es decir, miró una parte relevante del modelo de transferencias directas del Gobierno Regional.
Pese que quien busca encuentra, lo que se encontró por el ente contralor es grave. El GORE carecía de manuales de procedimientos formalizados y de sistemas de información integrados para controlar y seguir las rendiciones, manteniendo registros en planillas Excel y prácticas manuales, lo que afectaba la trazabilidad, oportunidad y confiabilidad de la información.
¿Cómo podría ser distinto, si durante la gestión de Mundaca el Gobierno Regional no tuvo Control Interno formal hasta abril de 2026? Ese dato, unido a lo constatado por Contraloría, muestra una administración que movió miles de millones sin una arquitectura de control acorde a la magnitud de la billetera pública que administraba.
Ahí está el problema de fondo: el Gobierno Regional parece haberse convertido en una oficina de partes de la billetera regional. La municipalización de los proyectos y la tercerización de la ejecución reemplazaron la iniciativa propia.
En definitiva son los municipios, fundaciones, corporaciones, universidades y otras entidades las que formulan, administran o ejecutan, mientras el GORE solo financia y no controla.
Así, Contraloría constató que, a la fecha de respuesta del GORE, existían ocho iniciativas con recursos sin rendir, observados o por reintegrar por $3.880.315.781. Además, había tres iniciativas con rendiciones aún en proceso de revisión por $3.653.322.790.
También reparó $231.624.359: $220.557.109 por gastos aprobados a Fundación Crea Energía, vinculados a servicios digitales y audiovisuales sin antecedentes suficientes que acreditaran su ejecución efectiva, y $11.067.250 por gastos de Corporación FIMA destinados a remodelar un inmueble sin acreditar uso exclusivo y necesario para el proyecto. Disponiendo la sustanciación de un sumario administrativo y el envío del informe al Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes.
No sé si habrá delitos, espero que no; eso competerá al Ministerio Público. Pero sí corresponde decir que Contraloría detectó hechos suficientemente serios como para formular reparo, ordenar sumario administrativo y remitir antecedentes a Fiscalía.
El caso de Fundación Crea Energía es ilustrativo. El proyecto “Turismo Gastronómico, Rural y Patrimonial de la Región de Valparaíso” fue financiado por $799.999.000. Contraloría observó gastos aprobados por $220.557.109 a Bigmind Group SpA por una aplicación, código QR con realidad aumentada, repositorio audiovisual, revista digital y programa televisivo, sin respaldo suficiente de ejecución efectiva. Además, el convenio terminó con restitución ordenada por $516.243.891, cobro de boleta de garantía por $39.999.950 y demanda de cobro ante el 2° Juzgado Civil de Valparaíso.
El caso Bomberos/JNCB tampoco podía quedar fuera. En el proyecto de 67 carros bomba, el GORE efectuó una segunda remesa por $3.305.937.000 cuando no se había rendido la adquisición de ningún carro, y no exigió garantía por $2.894.660.000 de la primera remesa.
Las rendiciones pendientes de revisión aumentaron luego a $3.616.112.006, pese a la entrega de 19 carros bomba.
El caso HazMat La Calera profundiza el mismo patrón: un proyecto formulado por la Municipalidad de La Calera, un convenio firmado con la JNCB, $622.922.000 transferidos en 2022 y aún pendientes de rendición, sin que el GORE verificara que esos recursos se mantuvieran disponibles en la cuenta establecida en el convenio.
Ese ejemplo resume la municipalización y tercerización del problema: proyecto municipal, convenio con un tercero, recursos regionales, ejecución externa y control insuficiente. ¿Dónde está ahí la iniciativa propia del Gobierno Regional? ¿Dónde está la planificación directa?
Por eso resulta irónico que en la Cuenta Pública se destacara la Estrategia Regional de Desarrollo 2025-2035, presentada como instrumento rector con siete ejes, quince objetivos estratégicos y sesenta y dos líneas de acción. Una estrategia puede sonar muy bien en un PowerPoint, pero si la institución que debe ejecutarla no demuestra capacidad se vuelve papel mojado.
La Cuenta Pública contó los millones. Pero se le olvidó contar las observaciones, los recursos pendientes, el reparo, el sumario y el envío del informe de Contraloría al Ministerio Público.
Y aquí está la moraleja que espero que Mundaca atienda: tercerizar la ejecución no terceriza su responsabilidad. Ser el segundo piso de las municipalidades no reemplaza la planificación regional. Y gastar mucho no equivale a gobernar bien.
