Investigación del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello advierte que el comercio ilegal dejó de ser solo un fenómeno de informalidad económica y se ha transformado en una actividad cada vez más vinculada al crimen organizado, el control territorial y otras economías ilícitas.
El comercio ilegal en Chile aumentó un 15% entre 2020 y 2025, pasando de 11.773 a 13.491 casos policiales registrados a nivel nacional, según un estudio elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello.
La investigación advierte que el fenómeno ya no puede entenderse únicamente como una expresión de informalidad económica o comercio ambulante, sino que presenta crecientes vínculos con estructuras criminales que utilizan estas actividades para financiar operaciones, controlar territorios y diversificar sus fuentes de ingresos.
Los datos muestran que el punto más alto de la serie se registró en 2023, con 14.727 casos policiales, mientras que la tasa nacional pasó de 61,2 a 67,3 casos por cada 100 mil habitantes durante el período analizado.
Las regiones donde más creció el comercio ilegal
El estudio identifica importantes diferencias territoriales. Las mayores alzas acumuladas se registraron en Antofagasta, donde los casos aumentaron un 345% entre 2020 y 2025, seguido por Atacama (294%), O’Higgins (202%) y Los Lagos (183%).
Para los investigadores, estos resultados muestran que el fenómeno se adapta a las características económicas, urbanas y logísticas de cada territorio, especialmente en zonas con alta actividad comercial, minera, portuaria o fronteriza.
En contraste, regiones como Coquimbo, Ñuble y La Araucanía registraron disminuciones relevantes durante el mismo período.
Rancagua, Coquimbo y Antofagasta lideran los casos
A nivel comunal, la investigación detectó una fuerte concentración territorial. Las diez comunas con más casos policiales se concentran cerca del 60% del total nacional registrado en 2025. Entre ellas destacan Rancagua, Coquimbo, Antofagasta y Providencia.
Además, ciudades como Valparaíso, Estación Central y Coquimbo registraron importantes incrementos en los últimos años, consolidándose como territorios donde el comercio ilegal ha ganado presencia.
La relación con el crimen organizado
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la relación entre comercio ilegal y otras economías ilícitas.
La investigación sostiene que organizaciones criminales han incorporado actividades como el contrabando, la falsificación de productos y el comercio ambulante irregular como mecanismos para generar ingresos, lavar dinero y fortalecer el control territorial.
Según el informe, en algunos sectores urbanos estas organizaciones incluso regulan espacios de venta, cobran extorsiones y ejercen mecanismos de coerción sobre comerciantes informales, configurando formas de gobernanza criminal que compiten con la capacidad regulatoria del Estado.
Comercio ilegal y tráfico de drogas avanzan juntos
El análisis también comparó la evolución del comercio ilegal con el tráfico de sustancias entre 2020 y 2025.
Mientras el comercio ilegal aumentó un 15%, el tráfico de sustancias creció un 35% en el mismo período. Además, el estudio detectó una calificación estadística del 78% entre ambos fenómenos, lo que sugiere que comparten factores territoriales y estructurales que favorecen su desarrollo en determinados espacios urbanos y comerciales.
Para los autores, esta evidencia refuerza la necesidad de abordar el comercio ilegal no solo como un problema económico o municipal, sino también como un desafío de seguridad pública asociado al avance de mercados ilícitos organizados.
Un desafío para la seguridad y la recuperación del espacio público
El informe concluye que el crecimiento del comercio ilegal, su concentración en zonas urbanas estratégicas y su vinculación con dinámicas de crimen organizado exigen respuestas integrales por parte del Estado. Entre ellas se proponen mayores capacidades de fiscalización, inteligencia territorial, recuperación del espacio público y políticas orientadas a reducir las condiciones que favorecen el desarrollo de economías ilícitas.
