La parlamentaria solicitó antecedentes al Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio del Interior, Carabineros, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de la Niñez tras denuncias de uso desproporcionado de la fuerza, múltiples lesiones a una joven observadora de derechos humanos y eventuales afectaciones a niños, niñas y adolescentes durante la movilización del 3 de junio.
La diputada Ana María Gazmuri ingresó una serie de oficios dirigidos al Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Defensoría de la Niñez, con el propósito de esclarecer graves denuncias de vulneraciones a los derechos humanos registradas durante la movilización estudiantil y social desarrollada el pasado 3 de junio, solicitando conocer las medidas adoptadas por las autoridades frente a los hechos denunciados.
La acción fiscalizadora surge luego de que organizaciones de observación de derechos humanos y entidades de la sociedad civil difundieran antecedentes sobre procedimientos policiales que habrían involucrado un uso desproporcionado de la fuerza durante la jornada, afectando a estudiantes secundarios, universitarios y otros participantes de la manifestación.
Entre los hechos denunciados, la parlamentaria manifestó especial preocupación por el caso de una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y observadora de derechos humanos, quien resultó con múltiples lesiones y fracturas tras un procedimiento policial ocurrido durante la movilización, situación que requirió una intervención quirúrgica.
Asimismo, los oficios solicitan información respecto del uso de agentes químicos y de procedimientos de Control de Orden Público que habrían involucrado la utilización de perros en sectores donde se encontraban manifestantes, incluyendo niños, niñas y adolescentes.
“En una democracia, el derecho a reunión, la libertad de expresión y la manifestación pacífica deben ser plenamente resguardados por el Estado. Cuando existen denuncias de posibles vulneraciones a los derechos humanos, especialmente si involucran a jóvenes y menores de edad, es indispensable que las instituciones actúen con transparencia, que los hechos sean esclarecidos con la máxima celeridad y por supuesto que se adopten medidas de no repetición”, señaló.
La parlamentaria explicó que las solicitudes buscan conocer el número de personas detenidas y lesionadas durante la jornada, los protocolos aplicados por las policías, las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las eventuales investigaciones o acciones de seguimiento que se hayan iniciado a raíz de los hechos denunciados.
“Resulta fundamental que las autoridades entreguen información clara y completa sobre estos procedimientos. El respeto irrestricto a los derechos humanos debe estar presente en toda actuación estatal, especialmente cuando se trata de contextos de manifestación social y de la protección de niños, niñas y adolescentes”, agregó.
Junto con ello, Gazmuri solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez informar si han recibido denuncias relacionadas con estos hechos, si desplegaron observadores durante la movilización y qué acciones de protección, acompañamiento o seguimiento se encuentran desarrollando respecto de las personas afectadas.
La diputada reiteró que “el esclarecimiento de los antecedentes denunciados constituye una obligación democrática y una condición esencial para fortalecer las garantías fundamentales, prevenir posibles vulneraciones y asegurar que el ejercicio legítimo de los derechos de reunión, expresión y manifestación pacífica pueda desarrollarse con pleno respeto a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”.
