Los diputados Flor Weisse y Cristóbal Martínez revelaron que son 1.806 los becarios que no han regresado al país, pese a que la ley exige retornar y permanecer por un mínimo de años.
En medio del revuelo que se ha generado por los embargos que la Tesorería General de la República (TGR) ha aplicado a las cuentas bancarias de los morosos del CAE que tienen ingresos superiores a los $3,5 millones mensuales, la jefa de la Bancada UDI, Flor Weisse, junto con el diputado que integra la comisión de Ciencias, Cristóbal Martínez, salieron a respaldar al Ministerio de Hacienda en otra de las acciones que buscan ejecutar con el fin de aumentar la recaudación fiscal: el programa Becas Chile.
Al respecto, el Gobierno decidió poner el foco en todas las personas que han recibido el beneficio, pero que han incumplido algunas de las obligaciones que exige la ley, como retornar al país una vez finalizado sus estudios, debiendo permanecer en Chile por el doble del tiempo que duraba la beca.
En ese sentido, durante el pasado fin de semana se dieron a conocer los resultados de una auditoría que realizó el Ministerio de Ciencias, que arrojó que el Estado ha desembolsado -entre 2008 y 2025- cerca de $100 mil millones en beneficiarios que, hasta la fecha, no han acreditado su regreso al país.
Sin embargo, los parlamentarios gremialistas dieron a conocer otro antecedente que, a juicio de ellos, justifican la decisión de Hacienda de perseguir dichos montos. En concreto, revelaron que son en total 1.806 los becarios que se encuentran en alguna situación de incumplimiento de sus obligaciones legales, de un total de 12.505, por lo que aseguraron que «es menos del 15% de los beneficiarios que no han respetado lo que establece la ley, pese a que conocían las exigencias al momento de postular».
«Estamos hablando de becas financiadas con recursos de todos los chilenos, por lo que no puede existir ningún espacio para tolerar un mal uso de este programa. De acuerdo con la información que manejamos, son 1.806 las personas que accedieron a este beneficio, pero que no han cumplido con su obligación de retornar y permanecer en Chile. Por lo mismo, si postularon con pleno conocimiento de las condiciones y hoy no han cumplido con su deber, lo que corresponde es que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para recuperar esos recursos», manifestaron los diputados UDI.
Por lo mismo, Weisse y Martínez acordaron oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicie todas las acciones judiciales que tenga a su alcance, incluida la presentación de querellas, con el fin de recuperar los cerca de $100 mil millones que el Estado ha desembolsado en estas personas.
En esa línea, los integrantes de la Bancada UDI advirtieron que «cada peso que no se restituye es un recurso que se le termina quitando a otras urgencias del país, como por ejemplo en materia de salud o seguridad», por lo que reiteraron su respaldo al Ministerio de Hacienda, señalando que «no estamos frente a un problema menor ni mucho menos aislado, sino que ante un grupo de personas que, con pleno conocimiento de las condiciones de este beneficio, decidieron no cumplir con sus obligaciones».
«El Estado tiene el deber de hacer valer los compromisos que las personas suscriben y de resguardar los recursos públicos. Por lo mismo, no sólo estamos respaldando al Gobierno en esta decisión, sino que también esperamos que el CDE se haga parte con el fin de recuperar estos dineros», insistieron.
