Los parlamentarios anunciaron fiscalizaciones al Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Contraloría y Servicio de Salud de O’Higgins, tras el recorte de $4.100 millones en salud pública.
Los diputados Raúl Soto, Fernando Zamora y Valentina Cáceres del distrito 15 de la Región de O’Higgins, anunciaron el inicio de una ofensiva fiscalizadora frente a los recortes presupuestarios que el Gobierno aplicó al sector salud y que, a nivel nacional, superaró los $400 mil millones. En la región, la rebaja alcanzó los $4.100 millones, afectando directamente a hospitales y a la atención primaria.
Según los antecedentes del Decreto 333 que estableció esta rebaja presupuestaria, $1.900 millones corresponderían al Hospital Regional de Rancagua Dr. Franco Ravera Zunino; más de $250 millones al Hospital de Rengo; y más de $470 millones a los hospitales de San Fernando y Santa Cruz. Para los legisladores, se trata de una medida “profundamente injusta e inhumana”, considerando que la red de salud pública regional ya opera al límite de su capacidad.
El diputado Raúl Soto manifestó que “estamos muy preocupados por los recortes presupuestarios que el Gobierno está promoviendo. Una cosa es utilizar de forma más eficiente los recursos públicos, cosa que compartimos, pero otra cosa es pretender que la salud pública, que ya está funcionando al límite, lo haga con menos recursos”.
En esa línea, Soto anunció que iniciarán “una batería de fiscalización muy potente” para pedir al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda que reviertan la decisión. Además, señaló que recurrirán a la Contraloría y al Servicio de Salud de O’Higgins “para saber en qué se traducirá este recorte y cómo afectará las prestaciones que esperan los vecinos y vecinas de la región”.
Por su parte, el diputado Fernando Zamorano afirmó que se encuentran en “estado de alerta” y reiteró su rechazo a la rebaja presupuestaria. “No podemos pretender que, por un lado, quieran bajar los impuestos a los más ricos del país y, por otro lado, estén haciendo recortes en áreas tan sensibles como la salud pública», sostuvo.
Zamorano agregó que la medida también impactaría a la atención primaria. “Esto no solo está afectando a los hospitales, también está afectando a la salud primaria, es decir, a los CESFAM, donde se atiende cerca del 80% de los chilenos y las chilenas”, advirtió.
La diputada Valentina Cáceres cuestionó especialmente el impacto sobre el principal recinto asistencial de la región. “Un recorte de $1.900 millones en el hospital más grande de la región, que atiende a un porcentaje muy importante de nuestros vecinos y vecinas, es un recorte que se hace sin estudio y sin conocer las áreas afectadas”, afirmó.
La parlamentaria agregó que los diputados se coordinarán con los gremios de la salud para presentar esta batería de fiscalizaciones. “Le decimos fuerte y claro al ministro y al Presidente que basta con los recortes, que la salud no resiste, e insistimos en que el Presidente eche pie atrás con esta nefasta medida”, explicitó.
Gremios y Colegio Médico respaldan fiscalización
La ofensiva fue respaldada por representantes de gremios y profesionales de la salud. Desde FEMPRUS del Hospital Regional, Germán Arenas calificó el recorte como “una medida centralizada, realizada sin ningún diagnóstico regional”, advirtiendo que tensionará aún más a los equipos de salud.
En tanto, la presidenta del Colegio Médico Regional de O’Higgins, doctora Sonia Correa, sostuvo que el presupuesto hospitalario ya no alcanza hasta fin de año y que un nuevo recorte “va a agravar más esta situación”, especialmente por la falta de insumos de laboratorio y elementos para cirugías.
Finalmente, los parlamentarios anunciaron que solicitarán formalmente al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda revertir los recortes, además de activar fiscalizaciones ante la Contraloría General de la República y el Servicio de Salud de O’Higgins para determinar el impacto real de la medida sobre las prestaciones que recibe la comunidad.
